El pasado 29 de abril conocimos la solicitud presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para detener provisionalmente y con fines de extradición al gobernador Rocha Moya, al Senador Inzunza, y a ocho personas más, por los delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas (además del secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar).
Es importante puntualizar que la solicitud se presentó conforme a lo establecido en el tratado de extradición vigente entre México y los Estados Unidos. Por cierto, ni el tratado de extradición, ni la ley de Extradiciones —ley mexicana— ni la Convención de Viena sobre tratados internacionales señala que las solicitudes deben conservarse en la secrecía.
Ante dicha solicitud, tengo la sensación de que la presidenta Sheinbaum y su equipo diseñaron e implementaron una mala estrategia para el control de daños basada en una jugarreta jurídica y a celebrarse en tres actos.
En el primer acto la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República llenos de cinismo —a estas alturas deben conocer la verdad, deben conocer a plenitud todas las pruebas necesarias, si es que las unidades de inteligencia del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, hacen su trabajo— y tramposamente escondidas en un discurso patriotero, han venido demandando la presentación de “pruebas contundentes e irrefutables”. Pruebas “contundentes e irrefutables” que la solicitud no tendría por qué contener —ver artículos 3 y 11 del tratado de extradición.
En este sentido es importante tener presente que la presidenta y sus corifeos trataron —y siguen tratando— de fijar en la mente de los electores que no hay pruebas “contundentes e irrefutables”.
Para remate de la farsa de este primer acto, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador por 10 días sabiendo que no será detenido.
En el segundo acto de la farsa, la FGR entregará la solicitud a un juez para que inicie el procedimiento de “evaluación”. El juez recibirá en tiempo y forma las pruebas de la parte acusadora y evaluará si son “contundentes e irrefutables”. El juez dirá que dichas pruebas no son ni contundentes ni irrefutables y por lo tanto los absolverá.
En el tercer acto la presidenta dirá que, con base al artículo sexto del tratado, los acusados no podrán ser extraditados dado que ya fueron juzgados y declarados absueltos.
Como consecuencia de lo anterior el gobierno norteamericano se sentirá engañado y exhibido ante sus electores —peor aún dado que EU tendrán elecciones en noviembre. Ante ello me pregunto: ¿Cuál será su reacción, cuánto nos costará la farsa?
Fuente de los Deseos: Ojalá la presidenta actúe y piense como jefa de Estado y no intente tomarle el pelo al gobierno norteamericano con una jugarreta jurídica ya que como lo expresa el refrán: “El caldo pudiese salirle más caro que las albóndigas”.
Exsenador. @gtamborrelmx