Desgraciadamente y aún y cuando México requiere gobernantes honestos, íntegros y capaces de resolver los problemas de sus gobernados, los gobernantes en funciones —sobre todo presidentes y gobernadores— y salvo honrosas excepciones, optan por apoyar y hasta imponer fraudulentamente a su sucesor. Un sucesor que esté inmiscuido en sus actos de corrupción y que por lo tanto no lo investigue ni lo delate sino que lo proteja y le garantice impunidad ya que al acusarlo se estaría sentenciando asimismo, o bien un sucesor que aunado a tener su “expediente” sea, a juicio del gran elector, susceptible de ser por él manipulado.
Para lograr lo anterior el gobernante —léase gran elector— tiene que primero imponer a su sucesor como candidato de su partido y para lo cual recurre a una serie de simulaciones y compra de liderazgos mediante dinero, posiciones o impunidades. Después y en la elección constitucional tiene que recurrir a todas las violaciones a la ley que ya hemos visto y padecido como es el uso de dinero público en las campañas del candidato —candidata— oficial, la denostación del adversario también utilizando recursos públicos, la extorsión y el chantaje a posibles patrocinadores, la compra de votos, y desde luego la “contratación” —libre o forzada— de mercenarios político-electorales que actúen como candidatos que sin posibilidad de triunfo solo contienden para dividir el voto opositor.
Una variante más es que cuando se percibe la derrota del candidato oficial el gobernante opta por ya no apoyarlo y entonces apoyar hasta imponer a uno de los candidatos de oposición (sucesor sustituto). Para garantizar su impunidad el gobernante entonces recurre a amar “el expediente final” —mejor si es con videos, fotografías y cualquier testimonio del acuerdo entre gobernante y candidato— del candidato de oposición ahora candidato del gobernante (ejemplo de esta variante pudiese ser lo ocurrido entre Peña Nieto y López Obrador ya que no obstante las muchas amenazas y señalamientos vertidos por el entonces aspirante a la presidencia López Obrador, éste último no ha tocado al expresidente Peña Nieto).
Ante ello y no obstante de que corremos el riesgo de un acuerdo entre gobernante y candidato de oposición los ciudadanos podemos, además de exigir firmemente el acotamiento del poder ejecutivo, elegir, salvo los casos en los que el candidato oficial sea notoriamente mejor que el candidato de oposición, precisamente al candidato o candidata de oposición. Con ello las probabilidades de romper los acuerdos de impunidad y que tanto daño nos hacen, se reducen.
Fuente de los Deseos: Ojalá los mexicanos sepamos distinguir y romper los acuerdos de impunidad votando en contra de quienes los sostienen y no votando por los mercenarios político-electorales.
