Cuando un empresario o un líder criminal financia ilegalmente una campaña electoral, entrega “moches” a un funcionario o cuando un servidor público favorece indebidamente a otro, generalmente espera algo a cambio. No solamente contratos millonarios, nombramientos o privilegios, sino algo todavía más valioso: protección e impunidad frente a sus propias tropelías.
Así nace y crece un círculo perverso de complicidades: unos ayudan a otros a conquistar o conservar el poder y estos, en correspondencia, los protegen cuando sus actos son cuestionados. Como decía López Obrador: “Amor con amor se paga”. Y así, los favores pueden convertirse en impunidad.
Pareciera que los favores políticos y económicos —léase “moches”— se convierten en una especie de seguro contra la procuración e impartición de justicia, porque abierta o veladamente surge la amenaza: “Si caigo yo, también caes tú”.
Desgraciadamente, estos posibles pactos de impunidad no son nuevos. Han existido durante décadas. Sin embargo, los escándalos conocidos durante los últimos ocho años obligan a preguntarnos si la protección política se ha convertido en una práctica sistemática. Pareciera que dichos pactos ya forman parte del modus operandi del actual gobierno.
Recordemos las investigaciones periodísticas sobre presuntas aportaciones del crimen organizado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 y posteriores. ¿Se investigó suficientemente hasta dónde llegaron esas posibles complicidades? Respuesta: no.
También están las grabaciones difundidas sobre Jorge Amílcar Olán, empresario cercano a Andy López Beltrán, y los negocios relacionados con el suministro de balasto para el Tren Interoceánico que nos hacen suponer se cometió una larga lista de delitos. ¿Se investigó y se sancionó a los responsables? Respuesta: no.
Otro caso emblemático es el de Adán Augusto, “el hermano” del expresidente López Obrador, quien ha sido señalado públicamente de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y, peor aún, de encabezar al grupo criminal de La Barredora de Tabasco y todo lo que ello implica. ¿Después de tan graves señalamientos se le ha investigado, se le ha citado a declarar sobre los delitos atribuidos? Lamentablemente, otra vez, la respuesta es no y no.
A lo anterior se suman los cuestionamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que sigue en libertad; el escándalo del huachicol fiscal —el mayor robo contra la nación en tiempos recientes—, cuyos responsables superiores no han ni siquiera localizados (eso es lo que dice la FGR).
El problema no termina con el dinero que pudiera desviarse del erario. Se agrava cuando la protección política impide investigar y sancionar a los responsables.
La corrupción prospera cuando las instituciones encargadas de combatirla carecen de independencia o subordinan sus decisiones a intereses políticos.
Tengamos claro que, si los favores políticos compran impunidad, la justicia deja de servir a los ciudadanos y se convierte en instrumento de quienes gobiernan.
Exsenador. @gtamborrelmx