El mandato constitucional es claro y contundente: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En otras palabras, todas las personas que se encuentren en México tienen reconocidos sus derechos humanos y es deber de todas las autoridades respetarlos y protegerlos. En caso de no hacerlo el Estado —léase, todo el gobierno y cuyo representante es la presidenta Sheinbaum— tiene la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

Ante una violación a cualquier derecho humano la víctima tiene el derecho de exigir justicia, y que comprende: Reparación del daño, sanción para el agresor responsable y medidas de todo tipo —administrativas, legislativas, etc.— para que la violación no se repita ni en la persona agredida ni en ninguna otra.

En caso de que la autoridad no cumpla con la obligación mencionada, la persona tiene el derecho de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar su intervención. La CNDH por su parte tiene la obligación de intervenir, investigar y si efectivamente hubo una violación a un derecho humano por parte de alguna autoridad debe emitir una recomendación que exija que se haga justicia en los términos antes mencionados.

Si resultase que la CNDH no hiciese lo que le corresponde (desgraciadamente la actual CNDH está más al servicio de los gobiernos morenistas que de las víctimas de violaciones y no se percibe que cumpla con su obligación constitucional) se puede presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual, después de hacer la investigación que proceda, podrá emitir la recomendación correspondiente. Recomendación que desde luego conlleva un enorme desprestigio internacional para México.

Si aún así el Estado mexicano no respondiera como debiera, entonces la Comisión podrá turnar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas resoluciones ya son vinculantes —de cumplimiento obligatorio— para el Estado mexicano. Resolución que conlleva un desprestigio internacional todavía mayor.

En suma y retomando la frase de Roberto Bolaños, Chespirito, “Chanfle, y ahora quién podrá defendernos” afortunadamente tenemos: 1.- Las autoridades jefas del funcionario agresor —victimario—, 2.- La CNDH, 3.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 4.- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Fuente de los Deseos: Ojalá los gobernantes respetaran los derechos humanos de todas las personas, ojalá no fuese necesario presentar quejas o denuncias ante la CNDH. Ojalá la CNDH dejase de estar protegiendo y defendiendo al gobierno morenista, ojalá cumpliera con su deber.

Exsenador. @gtamborrelmx