El acceso a la justicia representa un derecho humano fundamental para el ejercicio de otras prerrogativas; de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha determinado que los Estados deben garantizar recursos efectivos y accesibles para la reivindicación de estos derechos, y en su caso acciones en caso de violación de derechos. En este marco, la justicia como derecho complejo incluye como características la disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad.
En México, el acceso a mecanismos de justicia representa una experiencia de maltrato, en tanto que las instituciones judiciales pueden —en la práctica— ser escenarios de desigualdades, prejuicios y violencia, en particular hacia poblaciones históricamente vulnerabilizadas. La burocracia y la revictimización en los procesos judiciales generan que las víctimas no sólo no encuentran reparación, sino que enfrentan nuevas formas de violencia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2023), más de 90% de los delitos no se denuncian o no derivan en investigación, siendo una de las razones la poca confianza que se tiene en las autoridades y las narrativas de maltrato por parte del personal que labora en las instituciones judiciales.
Esta desconfianza responde a experiencias de negligencia, discriminación y trato indigno; por ejemplo, en el caso de las personas indígenas, continúan las barreras lingüísticas y culturales dentro del sistema judicial. Uno de los factores que sostienen el trato indigno en el acceso a la justicia, es la falta de capacitación, de acuerdo con Miguel Carbonell, pues hay pocos contenidos en los procesos de formación sobre poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
Otro de los elementos, es la falta de guías de actuación para la atención apegada a derechos a estas poblaciones, si bien en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó los Protocolos de actuación para personas que imparten Justicia, se requiere que estas iniciativas se mantengan en constante actualización.
Es en este contexto que, a partir de un trabajo colaborativo entre Poder Judicial del Estado de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de personal Académico de la Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Psicología y Educación, se construyeron las Guías de Trato Digno para el Acceso a la Justicia. Este material busca guiar las prácticas dentro del Sistema Judicial, en tanto delimitan alcances obligatorios para todo el personal presentando formas de interacción adecuadas en diversas poblaciones.
El material publicado busca mejorar el acceso a cinco poblaciones específicas: personas con discapacidad, a quienes viven con padecimientos de salud mental o adicciones, población migrante y en movilidad humana, pueblos indígenas, disidencias sexo-genéricas; con ello se busca que el acceso a la justicia se garantice para todas las personas sin discriminación.