Ha circulado en los medios una idea tan vieja como la democracia misma: restringir el derecho al voto para que lo ejerzan “los más aptos”, quienes aprueben un examen de civismo.
La propuesta en cuestión considera que solo deberían votar quienes demuestren conocimientos mínimos sobre las instituciones públicas. Otros han sugerido que el voto ni siquiera es un derecho humano.
Pero, ¿y si para fortalecer la democracia tomamos el sentido totalmente opuesto? Ampliar el derecho al voto a las personas desde los 16 años y mantener en 18 la edad para ser votadas. Es decir, permitir que puedan acudir a las urnas para elegir gobernantes desde los 16 años, pero que puedan postularse a cargos públicos hasta la edad plena para trabajar: los 18 años.
En países como Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela existen permisos para que, desde los 16 años, las personas puedan conducir un vehículo, incluso antes de la edad oficial de ciudadanía, que va de los 18 a los 21 años.
Con esos permisos se les reconocen capacidades intelectuales para tener en sus manos aparatos de más de una tonelada en la vía pública, cuya operación errónea puede tener consecuencias en la vida de terceros.
Establecer la minoría de edad busca tutelar un bien jurídico: cuidar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes; proteger su dignidad, salud, bienestar físico y emocional, educación, entorno familiar y proyecto de vida.
Se busca proteger su formación completa como personas y el ejercicio efectivo de sus derechos.
Sin embargo, esa protección los excluye de formar parte de decisiones colectivas que los afectan y cuya voz, perspectivas e ideas pueden ser tan valiosas como las de cualquier otra persona.
Organizaciones sociales incluso sugieren evitar el término “menor de edad” porque puede funcionar como una etiqueta que no reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, o que incluso refuerce una forma de inferiorización por edad.
Una persona de 16 años, que ya terminó —de forma ideal— la educación básica, donde cursó asignaturas de formación cívica y ética, con capacidad para trabajar bajo permiso de sus padres, y a quien algunos sugieren que podría ser castigada como adulta en caso de delitos graves (Ley Chepe), podría integrarse y participar en la toma de decisiones colectivas.
Para participar en los asuntos públicos no se requiere ser experto. Ser solidario, exponer problemáticas de una comunidad y proponer soluciones no requiere doctorado. ¿Quién sabe más de los problemas de Menchaca, Santa Rosa o Juriquilla: sus habitantes o una persona con posdoctorado en física nuclear? La respuesta es obvia. La educación superior especializa en un campo del conocimiento; no otorga superioridad política.
Habitar en la polis, conocer los problemas de la polis y participar en los asuntos de la polis —hacer política— es asunto de todos los habitantes, no solo de quienes aprueban un examen.
Consultor, académico y periodista