Cada 7 de junio se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que reconoce el papel fundamental que tiene este derecho para la democracia. Es un momento clave para reflexionar sobre sus límites legales y, de manera especial, la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género.
La libertad de expresión está consagrada en el Artículo 6º de la Constitución. Toda persona tiene derecho a manifestar ideas sin censura previa, pero también establece límites claros: no se puede afectar los derechos de terceros, incurrir en delitos o perturbar el orden público. Además, el Artículo 7º garantiza la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, aunque con responsabilidad jurídica posterior.
Estos límites existen porque la expresión libre debe convivir con otros derechos como la dignidad, la igualdad y la no discriminación.
En contextos como el político-electoral, el discurso puede convertirse en una herramienta de violencia, especialmente cuando se usa para menoscabar o inhibir la participación de mujeres en cargos públicos.
Es aquí donde entra en juego la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este tipo de violencia puede incluir descalificaciones, burlas, amenazas, difusión de información falsa o incluso la exposición de datos personales en medios o redes sociales.
En México, este tipo de violencia se regula expresamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 20 Ter), así como en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde se establecen sanciones para quienes cometan este tipo de actos. Además, el Artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades a prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género, bajo el principio de no discriminación.
El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales han emitido lineamientos para prevenir y sancionar la violencia política de género, así como el uso de lenguaje discriminatorio o misógino durante campañas electorales. Incluso existe un registro nacional de personas sancionadas por cometer este tipo de violencia, en el que ya hay inscritos varios periodistas.
La libertad de expresión es uno de los pilares de la vida democrática, pero no puede utilizarse como escudo para agredir, desinformar o violentar a otras personas, especialmente cuando éstas forman parte de grupos históricamente discriminados, como las mujeres en la política. Celebrar este derecho implica ejercerlo con responsabilidad.
Consultor, académico y periodista