En Querétaro se perfila un conflicto político que pone a prueba los límites del sistema presidencialista mexicano.
No se trata solo de una disputa presupuestal, sino de un choque de legitimidades entre dos poderes electos por voto popular: el Ejecutivo estatal, encabezado por Mauricio Kuri (PAN), y el Congreso local, donde desde 2024 la mayoría recae en Morena, PT y PVEM.
Ambos tienen un mandato legítimo, pero con visiones de gobierno distintas.
Cuando Kuri asumió en 2021, lo hizo con un programa respaldado en las urnas, traducido después en el Plan Estatal de Desarrollo.
Cada presupuesto anual, en ese sentido, es una herramienta para ejecutar ese mandato ciudadano.
Sin embargo, el nuevo Congreso, electo tres años después, llega con su propia legitimidad y con prioridades políticas que reflejan otra mayoría social. Es ahí donde las “legitimidades en conflicto” se hacen evidentes.
La pregunta de fondo es cuál mandato debe prevalecer. En regímenes parlamentarios, el problema no existe: el Ejecutivo solo gobierna si cuenta con mayoría en el Parlamento, y puede ser removido si la pierde.
En cambio, el presidencialismo mexicano, con periodos fijos e independientes, produce una dualidad inevitable. Tanto el gobernador como el Congreso derivan su autoridad directamente del voto popular, pero ninguno tiene supremacía sobre el otro.
La Constitución es clara: el Congreso tiene facultades para aprobar, modificar o rechazar el presupuesto, pues representa la soberanía popular en materia fiscal.
El Ejecutivo, por su parte, tiene la responsabilidad de ejecutar políticas públicas conforme a su plan de desarrollo. Cuando ambos proyectos divergen, surge un conflicto institucional que, en ausencia de mecanismos políticos de corrección, puede terminar judicializado ante la Suprema Corte de Justicia.
El caso queretano ilustra bien esta tensión. Kuri acusa presiones de Morena para rechazar su propuesta de gasto, mientras la mayoría legislativa busca reorientar el presupuesto hacia sus propias prioridades.
Ninguna posición carece de legitimidad: una emana del mandato de 2021, otra del voto de 2024. Lo que está en juego no es solo el control del gasto, sino la gobernabilidad de un estado donde el equilibrio de poderes exige negociación y madurez política.
En última instancia, el conflicto de legitimidades no es un error del sistema, sino una consecuencia natural del presidencialismo.
Frente a la rigidez institucional, la salida no pasa por la imposición, sino por la construcción de acuerdos. En Querétaro, como en cualquier democracia plural, gobernar también significa saber convivir con el mandato del otro.
Consultor, académico y periodista