Al abordar la problemática del país, las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos se pueden agrupar en dos grandes corrientes a partir de sus respectivas tradiciones filosóficas.

Desde la izquierda, el orden imperante es injusto, el marco jurídico prevaleciente es un instrumento para oprimir y perpetuar desigualdades; por ello, lo razonable es subvertir el orden actual e instaurar uno nuevo en el que se privilegie la justicia económica, política y social.

Desde la derecha, el problema no se trata del marco jurídico vigente —que garantiza, en papel, la igualdad ante la ley— sino de la correcta aplicación de las normas; por lo tanto, es necesario combatir a quienes intentan disolver el orden y desestabilizar el régimen.

Por eso, es fácil identificar la corriente ideológica de quienes abrazan frases como “no me temblará la mano para hacer cumplir la ley”, “la ley es la ley”, “aplicaremos la ley con rigurosidad” y análogas.

El problema en México es que se actualizan ambos supuestos. Hay leyes que promueven la desigualdad al mismo tiempo que hay un gran vacío de aplicación de la ley.

El ejemplo de las diferencias de la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos es ya un lugar común, pero no deja de ser ilustrativo.

Cualquier fotografía de ciudades fronterizas revela que al norte hay orden en el desarrollo urbano, respeto al medio ambiente y vigilancia, mientras que del costado sur prevalece el caos en prácticamente todos los ámbitos.

Los paisajes de Tijuana y San Diego, Laredo y Nuevo Laredo hablan por sí solos. Hay diseños institucionales que promueven ciudades caóticas al mismo tiempo que autoridades indolentes que no hacen cumplir los planes de desarrollo urbano.

Impunidad y corrupción son dos efectos visibles de la falta de voluntad y capacidad para aplicar la normatividad, pero también de la existencia de leyes poco apegadas a la realidad, poco prácticas y de difícil aplicación.

Una ley poco práctica, que obstaculiza las actividades deseables, es muy probable que se convierta en letra muerta. Ejemplos hay muchos.

Estos dos fenómenos, impunidad y corrupción, han creado una cultura de inaplicación de la ley, a la que se refería Enrique Peña Nieto cuando la calificaba como un problema cultural, un virus endémico de la mexicanidad.

La fórmula de leyes injustas (o de difícil aplicación), ciudadanos que incumplen las leyes y autoridades sin la voluntad o la capacidad operativa para hacer efectivas las normas del ”estado de derecho” explica el estado actual de las cosas.

Salir de la espiral puede parecer utópico. Requiere al mismo tiempo cambiar el orden prevaleciente y hacer cumplir la ley. Es decir, un gobierno de izquierda y derecha al unísono.