En México, la ley dice una cosa, pero las bardas dicen otra. Mientras el artículo 134 constitucional prohíbe a los funcionarios públicos promocionarse con nombre, imagen o símbolo, en las calles florecen hashtags con nombres misteriosos, apellidos solitarios y juegos de palabras que ni los crucigramas dominicales se atreven a tanto.
No se puede poner “Lorena García Jimeno Alcocer”, pero sí “VaLore”, como si estuviera en la semifinal de “La Voz México” y no en la antesala de una elección. Tampoco se vale decir “Agustín Dorantes”, pero no hay problema si aparece un “#EsAgustin” en letras gigantescas frente a una primaria pública. Total, ¿quién va a saber de qué Agustín hablamos? …pero casualmente hay un senador que es su tocayo.
La ley prohíbe la promoción personalizada de los funcionarios públicos y representantes populares. La Constitución y las leyes exigen que la publicidad oficial sea informativa, no partidista, ni engañosa. Pero siempre hay quien encuentra inspiración creativa justo en los márgenes grises del reglamento. El truco está en nunca decirlo todo: un apellido, sin nombre. Un nombre, sin cargo. Una cara, sin logo. El arte de sugerir sin afirmar, de estar sin estar.
Otro de los recursos favoritos es la publicidad “informativa” disfrazada de portada de revista. De pronto, espectaculares a lo largo de las avenidas principales anuncian con bombo y platillo que Revista Poder y Fuerza Política (sí, esa que no encuentras en ningún OXXO) dedica su edición a un personaje que resulta ser… el mismo funcionario que jura no estar en campaña.
Ya ni hablar de fiscalización de los recursos. Algún mecenas anónimo es el que patrocina. Pero de que cuesta, cuesta. El bote de pintura blanca y negra, lo básico para la barda más sencilla, no cae del cielo y no se pinta por obra del espíritu santo. Y llegado el momento, no habrá sanción aunque se vulnere el principio de la equidad de la contienda. En este momento el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ni el Instituto Nacional Electoral pueden hacer otra cosa más que dar cuenta de la síntesis de noticias. Incluso si alguien pone una denuncia, no hay nada que perseguir.
No se pide el voto a los militantes en un proceso interno, no se pide el voto antes de la elección constitucional. La omisión de la legislación permite ese posicionamiento de marca que desde la presidenta Sheinbaum hasta aspirantes sin mayor brillo han sabido aprovechar. Y es que una candidatura a la gubernatura no se construye en tres meses.
Consultor, académico y periodista