Decía Karl Marx que la acumulación originaria de capital tenía las manos bañadas de sangre. La barbarie de Trump en Irán, con la matanza de más de cientos de niñas en la escuela primaria de Minab, muestra que el imperio sigue teniendo las manos ensangrentadas, aun cuando vocifere a favor de la democracia y la libertad. Sin embargo, hay otros mecanismos que son silenciosos, no tienen el hórrido estruendo de las bombas, pero son igual o más letales: las sanciones económicas.Ese carácter silencioso es, justamente, lo que vuelve a las sanciones un instrumento especialmente perverso.
No producen imágenes desgarradoras de edificios derruidos ni cadáveres bajo los escombros. Su saldo aparece en hospitales sin insumos, en tratamientos interrumpidos, en alimentos que se vuelven inaccesibles y en muertes dispersas que rara vez ocupan una portada. Pero la ausencia de espectáculo no reduce su brutalidad, la invisibiliza y la normaliza.
Un estudio publicado en The Lancet Global Health analizó datos de 152 países entre 1971 y 2021 y encontró una asociación causal significativa entre las sanciones y el aumento de la mortalidad.
El efecto fue más fuerte en sanciones unilaterales, económicas y especialmente en las impuestas por Estados Unidos. La investigación estima que las sanciones unilaterales se asociaron con 564 mil 258 muertes al año, una carga similar a la mortalidad global ligada a conflictos armados. Además, los impactos más severos se observaron en menores de cinco años.
El dato central no debería pasar inadvertido: más de la mitad de las muertes asociadas a sanciones recayeron en niños menores de cinco años, y 77% correspondió a personas de 0 a 15 años y de 60 a 80 años, es decir, sectores fuera del mercado laboral y ajenos a cualquier narrativa de “presión selectiva” contra élites gobernantes.
Las sanciones, en los hechos, no castigan primero a los poderosos, se ceban con las poblaciones vulnerables. Sus defensores suelen justificar este mecanismo con un argumento repetido durante décadas: presionar para cambiar conductas estatales, abrir transiciones democráticas o incluso provocar cambios de régimen. La misma narrativa que con las bombas.
El problema es que ese objetivo pocas veces se cumple. Lo que sí queda, con consistencia, es la degradación de las condiciones de vida de la población civil. Es una forma de guerra económica que externaliza su costo sobre enfermos, niños y ancianos, mientras preserva para las potencias sancionadoras una coartada moral, un halo de respetabilidad.
Condenar las sanciones económicas no implica exonerar a gobiernos autoritarios ni negar conflictos internos. Implica rechazar un método que, bajo retórica civilizatoria, produce muerte masiva y prolongada. Si una política exterior necesita asfixiar poblaciones enteras para presentarse como defensa de la democracia, no estamos ante un remedio imperfecto sino ante un genocidio con buena prensa.