En México, la estadística más dura sobre la inseguridad no siempre está en los números de carpetas abiertas, sino en los delitos que nunca llegan a las autoridades. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 lo deja claro: el 93.2% de los delitos ocurridos en 2024 no se investigaron, lo que significa que apenas 1 de cada 10 se denunció y derivó en una carpeta de investigación.
Este fenómeno, conocido como cifra negra, es quizá el mejor retrato de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Las razones de la no denuncia se repiten año con año: 34.6% de las víctimas consideró que denunciar es una pérdida de tiempo y 14% dijo no confiar en la autoridad. Así, millones de delitos se quedan en el silencio, sin castigo ni reparación, y refuerzan un círculo vicioso en el que la impunidad alimenta la percepción de que nada cambiará.
El dato no es menor: en 2024 se estimaron 33.5 millones de delitos, asociados a 23.1 millones de víctimas. Es decir, casi una de cada tres personas mayores de edad sufrió algún delito. Sin embargo, la inmensa mayoría nunca encontró eco en un Ministerio Público. El caso extremo es el secuestro: 98.1% de los casos quedaron en la sombra estadística.
El problema no se limita a la denuncia. Incluso cuando se abre una carpeta, el 39.2% de ellas termina en “nada”. Esta inacción se traduce en frustración y en la certeza de que el esfuerzo de denunciar no se refleja en resultados tangibles. Por eso, más allá de las campañas oficiales para promover la denuncia, lo urgente es transformar las capacidades institucionales.
Fortalecer el sistema de justicia no es un asunto de voluntad política discursiva, sino de recursos presupuestales y planeación estratégica. Si los ministerios públicos están saturados, si las fiscalías carecen de peritos y policías de investigación suficientes, o si los jueces enfrentan cargas de trabajo imposibles, la consecuencia es inevitable: la impunidad. Y sin justicia, la denuncia pierde sentido.
La cifra negra, en realidad, es un espejo incómodo. Refleja la distancia entre ciudadanía e instituciones, pero también marca la ruta a seguir. No basta con pedirle a la gente que confíe: hay que construir esa confianza desde resultados concretos. Eso significa que cada peso destinado a seguridad y justicia, tanto en el presupuesto federal como en los estatales, debe traducirse en ministerios públicos que investiguen, policías que respondan con eficacia y jueces que sancionen con imparcialidad. Mientras eso no ocurra, la cifra oculta seguirá siendo la estadística más visible de nuestra fragilidad institucional.