Partidos y actores políticos han convertido, desde hace décadas, a los presupuestos destinados a comunicación gubernamental en blanco de críticas. Y con justa razón.
Algunas voces cuestionan sus montos; otras parecen sugerir que cualquier contratación de publicidad oficial constituye un desperdicio. Esas voces pasan por alto que comunicar no es solamente una decisión política. También es una responsabilidad pública.
El artículo 1 de la Constitución mexicana obliga a las autoridades a promover los derechos humanos. Por su parte, el artículo 134 indica que la comunicación gubernamental debe tener fines informativos, educativos o de orientación social, sin convertirse en promoción personalizada de funcionarios. Ese es el espíritu de la Ley General de Comunicación Social.
Hay, además, avisos oficiales, convocatorias, disposiciones administrativas y programas cuya difusión resulta indispensable para que la población conozca y ejerza sus derechos y obligaciones.
Las consecuencias de un gobierno mudo pueden ser costosas. Familias que desconocen programas de vivienda, pacientes que no reciben información sobre campañas de vacunación, estudiantes que pierden oportunidades educativas o comunidades que ignoran alertas de seguridad.
La ausencia de información puede generar exclusión y errores. Cuando la información es escasa vale más; quien la tiene acumula poder en detrimento de otros. La comunicación oficial en democracia debería ser accesible para todos e incluyente.
Por supuesto, los gobiernos disponen de canales propios y tiempos oficiales en radio y televisión. Pero tener espacios disponibles no significa llegar a todos. Las audiencias están fragmentadas entre plataformas digitales, medios tradicionales y comunidades informativas con hábitos diferentes.
Llegar oportunamente a cada población requiere estrategias, personal especializado, producción de contenidos y, en ocasiones, contratación de espacios publicitarios. Todo eso cuesta.
No es una particularidad mexicana. Estados Unidos, España, Francia y Brasil también destinan recursos públicos a comunicar. Los montos y mecanismos varían, pero comparten una realidad: informar masivamente exige inversión.
Esto no significa justificar cualquier presupuesto ni tolerar contratos discrecionales. La publicidad oficial debe responder a necesidades comprobables, utilizar criterios transparentes de contratación y demostrar que los recursos efectivamente sirven para informar.
Tampoco debería emplearse para premiar medios afines, castigar voces críticas o construir imágenes personales con dinero público.
Pero sería un error confundir la exigencia de rendición de cuentas con la descalificación automática del gasto en comunicación. Una campaña puede ser costosa pero necesaria, pero el costo del silencio puede ser socialmente mayor.
Una democracia necesita gobiernos fiscalizados, pero también ciudadanos informados. Silenciar institucionalmente al poder público no necesariamente fortalece a la sociedad; puede privarla de información indispensable para ejercer sus derechos.