En meses recientes, funcionarios y legisladores en Estados Unidos retomaron una narrativa recurrente: la posibilidad de que cárteles mexicanos utilicen drones para vigilar o amenazar territorio estadounidense, particularmente en la zona de El Paso, Texas.
El planteamiento abrió la puerta a llamados para designar a estas organizaciones como grupos terroristas y justificar acciones unilaterales más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La hipótesis pareció concretarse está semana cuando la autoridad aeronáutica anuncio el cierre del espacio aéreo de El Paso. Algo que no ocurría desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, reportes posteriores en medios estadounidenses señalaron que algunos de los incidentes atribuidos a presuntos drones de cárteles respondieron a fallas de coordinación entre el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación (FAA).
El episodio evidenció cómo, en contextos de tensión política, hipótesis preliminares pueden convertirse rápidamente en argumentos para endurecer posturas hacia México. La frontera es un espacio de alta sensibilidad, y cualquier indicio de actividad aérea no identificada adquiere una dimensión estratégica. No obstante, convertir reportes no verificados en sustento para posibles acciones militares implica un salto político significativo.
En contraste, existe un flujo documentado y constante de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican que una proporción mayoritaria de las armas rastreadas y aseguradas en escenas del crimen en México provienen de comercios estadounidenses. Entre ellas se encuentran rifles y municiones calibre .50, un tipo de armamento capaz de perforar blindaje ligero y utilizado en ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas.
La planta Lake City Army Ammunition Plant, en Missouri, es una de las principales instalaciones de producción de municiones para el gobierno estadounidense y también fabrica ciertos calibres para el mercado civil. Aunque la venta directa a organizaciones criminales no forma parte de su operación, investigaciones judiciales y reportes oficiales han documentado cómo armas y municiones de fabricación estadounidense terminan en manos de cárteles a través de redes de tráfico, compras indirectas o intermediarios.
Mientras los supuestos drones motivaron pronunciamientos públicos y propuestas legislativas, el flujo de armamento ha generado respuestas más cautelosas en el debate político estadounidense. México mantiene litigios civiles contra fabricantes y distribuidores de armas en cortes de Estados Unidos, argumentando negligencia en los mecanismos de control. El gobierno estadounidense, por su parte, ha defendido el marco legal vigente y ha reforzado ciertos operativos contra el tráfico, aunque sin cambios estructurales en su legislación federal.
La comparación no es simétrica en términos de seguridad, pero sí en el peso narrativo. Unos drones cuya amenaza no fue confirmada alimentaron discursos de intervención. Las balas calibre .50, cuya presencia en enfrentamientos está documentada, siguen siendo parte de un problema estructural sin solución definitiva. La forma en que cada país aborda estos hechos refleja no solo prioridades de seguridad, sino también la manera en que construye y comunica sus riesgos.
Consultor, académico y periodista
