El derecho internacional se presenta como un sistema universal de justicia, pero en realidad parece más bien un rompecabezas incompleto. Algunas piezas faltan, otras no encajan, y hay jugadores tan poderosos que, cuando el resultado no les gusta, golpean la mesa y cambian las reglas.
La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002 tras décadas de esfuerzos por evitar la impunidad de crímenes atroces, nació con la promesa de hacer que nadie —ningún Estado, ningún líder— estuviera por encima de la ley.
Sin embargo, esa aspiración se ha diluido en la práctica: los mismos países que promovieron su creación hoy se excluyen de su alcance, como ocurre con Estados Unidos, Rusia o China.
La paradoja es evidente. La ONU y la CPI acusan al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de genocidio en Gaza, mientras Washington lo protege política y militarmente. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos se arroga el derecho de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro bajo cargos de narcotráfico, invocando su jurisdicción interna más allá de sus fronteras.
Dos escenarios distintos que exhiben una misma fractura: el poder de EU determina cuándo y cómo se aplica la justicia internacional.
La doctrina estadounidense de male captus, bene detentus —“mal capturado, bien detenido”— ilustra ese desequilibrio. Según ella, no importa si una persona fue arrestada violando la soberanía de otro país: si está frente a un tribunal de EU, el proceso sigue adelante. Dirían en México “haiga sido como haiga sido”.
Es una interpretación que convierte la soberanía ajena en un obstáculo descartable y relega el derecho internacional a un papel decorativo.
La raíz del problema es estructural. El derecho internacional no se impone: los Estados lo adoptan voluntariamente.
Esa voluntariedad es su mayor virtud, pero también su mayor debilidad. Cuando un país poderoso decide no participar o no reconocer una decisión, el sistema entero pierde fuerza.
Así, el rompecabezas se arma solo a medias. Las piezas del idealismo —la justicia universal, los derechos humanos, la cooperación global— conviven con las piezas del poder, que encajan únicamente cuando conviene.
En esa mesa desigual, el derecho internacional no es el árbitro del juego, sino apenas una regla opcional. Mientras las naciones pequeñas siguen las normas porque no tienen otra opción, las grandes las reinterpretan o las ignoran. Y en ese desequilibrio persistente, la promesa de un orden internacional justo se convierte en un espejismo.