La breve y fallida reunión entre la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega (Morena), y el gobernador Mauricio Kuri González (PAN) es más que un desencuentro político.
Es un caso que muestra cómo los marcos de diálogo institucional pueden colapsar cuando se sustituyen por estrategias de visibilidad y competencia narrativa. El conflicto deja de tratarse de los problemas públicos de Cadereyta para girar en torno a quién controla el relato.
Desde la teoría del diálogo de Jürgen Habermas, una negociación auténtica requiere condiciones mínimas de igualdad y reconocimiento: acceso equitativo a la palabra, reglas acordadas y ausencia de coacción.
En este caso, el diseño de la reunión —control del espacio, exclusión del equipo de la alcaldesa y restricciones al uso de teléfonos— configuró un marco de acción estratégica, no deliberativa.
Al no discutirse esas reglas previamente, el encuentro careció de las bases necesarias para construir entendimiento. Los protocolos de “Palacio” se convirtieron en “imposición” al no haberse acordado previamente.
Cuando la Presidenta se retira, el espacio de diálogo se rompe y el conflicto se traslada del foro institucional al digital, donde los incentivos cambian: ya no se busca acordar, sino ganar la narrativa pública.
La publicación de videos, comunicados y una imagen generada con inteligencia artificial (“quieren su foto, ahí está su foto”) refuerza esa lógica de confrontación.
El discurso de la alcaldesa, que acusa al gobernador de machismo y autoritarismo, y la respuesta institucional del gobierno estatal —que dialoga con regidores y muestra cordialidad con otro alcalde de Morena— representan movimientos de reposicionamiento político más que intentos de reconstruir un canal de negociación.
Cada parte construye su propio “nosotros” frente a un “ellos” culpable del bloqueo.
Desde la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, esta dinámica responde a una estrategia de construcción de antagonismos: la identidad política se refuerza al oponerse a otra, no al integrarla.
En lugar de una búsqueda de consenso, se amplía la frontera del conflicto. Así, la narrativa del agravio (“no me dejaron entrar con mi equipo”, “me quieren someter”) y la del orden institucional (“el gobierno sí dialoga con todos menos con ella”) son dos versiones que legitiman el mismo resultado: la ausencia de diálogo.
El problema no es solo de forma. En términos de negociación política, no hay proceso sin preparación conjunta, agenda compartida ni voluntad de ceder. Aquí, el intercambio se redujo a gestos simbólicos y mensajes mediáticos. Las posiciones se endurecieron, los incentivos se alinearon al espectáculo y los costos los paga la ciudadanía de Cadereyta, que sigue sin una mesa efectiva para discutir transporte, servicios o inversión local.
Consultor, académico y periodista
