Los periodistas solemos exigir transparencia. Preguntamos quién financia, quién contrata, cuánto se gasta, cuáles son los intereses detrás de una decisión y qué patrimonio tienen quienes ejercen el poder.
En México incluso hemos conocido iniciativas como la “3 de 3”, que buscaron hacer públicas declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de quienes participan en la vida pública.
¿Y si los medios de comunicación aplicáramos un principio semejante hacia nosotros mismos?
No porque un periodista sea equivalente a un funcionario público. Tampoco porque el gobierno deba decidir cuáles medios son confiables. Sería peligroso darle al poder esa facultad.
La propuesta es distinta. Se trata de construir voluntariamente una especie de “6 de 6” de los medios, con información que permita a cualquier lector conocer quién está detrás de aquello que lee, ve o escucha todos los días.
El primer elemento sería la identidad. ¿Quién es propietario del medio?, ¿qué empresa lo opera?, ¿quién toma las decisiones editoriales? Un directorio público debería ser lo mínimo.
El segundo sería explicar de manera general el modelo de negocio, sin convertir este ejercicio en una obligación de revelar cada factura o secreto comercial, lo cual resulta riesgoso en el contexto mexicano, especialmente riesgoso para el ejercicio periodístico.
El tercero serían los conflictos de interés. Si exigimos conocer los intereses de quienes gobiernan, también podríamos establecer mecanismos para revelar aquellos de propietarios, directivos o periodistas cuando puedan afectar una cobertura.
El cuarto sería nuestro método. Explicar cómo verificamos información, utilizamos fuentes anónimas, corregimos errores y empleamos herramientas de inteligencia artificial.
El quinto consiste en separar claramente periodismo y publicidad. Una noticia debe parecer noticia y un anuncio, anuncio. Los contenidos patrocinados, gacetillas, comunicados y publicidad política deberían identificarse inequívocamente.
Finalmente estaría la rendición de cuentas: mecanismos públicos para solicitar derecho de réplica, reportar errores, presentar quejas y conocer las correcciones realizadas por el propio medio.
También debemos cumplir la ley. Si recopilamos datos personales, tenemos que publicar el aviso de privacidad correspondiente y explicar de manera accesible el mecanismo para que las personas ejerzan sus derechos.
No son ideas particularmente revolucionarias. Organizaciones internacionales como la Journalism Trust Initiative y The Trust Project han desarrollado estándares de transparencia, independencia editorial y rendición de cuentas para organizaciones periodísticas.
El reto está en convertir principios escritos en prácticas verificables.
Los medios exigimos transparencia al poder porque entendemos que la opacidad deteriora la confianza. Esa misma lógica puede aplicarse a nuestra profesión.
En tiempos de desinformación y creciente desconfianza, quizá no deberíamos pedirle al lector que simplemente crea en nosotros. Podemos darle elementos para que decida si somos dignos de su confianza.