El gobierno federal reporta una disminución en delitos como homicidio doloso y robo de vehículo entre septiembre de 2024 y enero de 2026.
Al mismo tiempo, encuestas como la ENSU del INEGI muestran un aumento en la percepción de inseguridad en varias ciudades del país. A primera vista parece una contradicción. En realidad, es un fenómeni explicable: no estamos midiendo lo mismo.
Las estadísticas oficiales registran carpetas de investigación iniciadas por fiscalías estatales y concentradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, contabilizan delitos denunciados y formalmente bajo investigación.
En cambio, la ENSU pregunta a las personas cómo se sienten respecto a la seguridad en su ciudad, aunque no hayan sido víctimas. Una cosa es la incidencia delictiva registrada; otra, la experiencia subjetiva del entorno.
Además, los reportes gubernamentales suelen concentrarse en delitos de alto impacto. Sin embargo, la vida cotidiana también está marcada por otros ilícitos: extorsión, narcomenudeo, desapariciones, violencia familiar o fraudes digitales. Si estos delitos se mantienen altos o aumentan, la percepción de inseguridad puede crecer aunque bajen los homicidios.
La percepción también responde a hechos altamente visibles. Un ataque armado en un restaurante, el asesinato de un funcionario local o la difusión de un video de violencia en redes sociales tienen un impacto emocional mayor que una gráfica descendente.
La psicología social ha documentado el llamado “sesgo de disponibilidad”: las personas estiman la frecuencia de un fenómeno según qué tan fácil les resulta recordar ejemplos recientes o impactantes. En un entorno saturado de imágenes violentas, el miedo puede sostenerse incluso si las cifras agregadas mejoran.
A ello se suma la desconfianza institucional. México mantiene niveles elevados de cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian. Si amplios sectores de la población consideran que denunciar no cambia el resultado o que las autoridades manipulan datos, los anuncios de reducción delictiva se reciben con escepticismo. La percepción se forma por la credibilidad de quien lo reporta.
También hay un desfase territorial. Las reducciones pueden observarse a nivel nacional, pero la percepción se construye en la colonia, el transporte público o el trayecto al trabajo. Un promedio nacional puede mejorar mientras ciertas zonas experimentan repuntes de violencia. Para quien vive en esas áreas, la estadística agregada tiene poco peso frente a la experiencia inmediata.
La discrepancia, entonces, no implica necesariamente que una de las dos mediciones sea falsa. Refleja dimensiones distintas del mismo problema: la seguridad como fenómeno estadístico y la seguridad como vivencia cotidiana.
Reducir homicidios es un indicador relevante. Reducir el miedo social es otro desafío, que exige no solo bajar delitos, sino fortalecer confianza, presencia institucional efectiva y condiciones de entorno.
Consultor, académico y periodista