El pasado 15 de enero, en la colonia La Sierrita de la ciudad de Querétaro, un hecho cotidiano en Querétaro se convirtió en una lección incómoda sobre el ejercicio del poder.
Kaleb Marín, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro y periodista del semanario Tribuna de Querétaro circulaba en bicicleta cuando se percató de una actuación policial.
Se detuvo a grabar con su teléfono celular. Elementos de la Policía Estatal sometían a dos hombres. Había golpes y sangre. Los elementos, al percatarse de que eran grabados increparon al reportero y le ordenaron detener la grabación. Él se identificó como periodista. Sin embargo fue detenido, esposado e ingresado en una patrulla. Recibió amenazas, los policías intentaron despojarlo de su teléfono y le advirtieron que si no borraba los videos, le “iría peor”.
Finalmente, bajo coacción, eliminó el material. Fue trasladado a un juzgado cívico en Santa Rosa Jáuregui. Lo acusaron de “desobediencia civil”. Lo volvieron a amenazar: “Acuérdate que ya sabemos quién eres y, si no aprendiste, a la mala te vamos a hacer entender”.
Este episodio obliga a una investigación y sanciones internas. También a una reflexión más amplia. Sabemos que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, el cual existe para garantizar el orden y proteger derechos, no para suspenderlos. La fuerza pública no es discrecional: está sujeta a límites legales, protocolos de actuación y estándares de derechos humanos.
La Constitución, los tratados internacionales y las leyes son claras. Cualquier uso de la fuerza debe ser legal, necesario, proporcional y racional. La libertad de expresión incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información y las autoridades están obligadas a defender la libertad de expresión y el derecho a la información.
Grabar en la vía pública es lícito, más aún cuando se documenta la actuación de servidores públicos en funciones. Cuando un agente amenaza, golpea, detiene sin causa o destruye evidencia, el problema no es individual: es institucional.
No se trata de negar la complejidad del trabajo policial ni los riesgos que enfrentan los elementos. Se trata de recordar que la autoridad no está por encima de la ley. El uniforme no cancela derechos. También urge avanzar en equipamiento, como cámaras corporales, que documenten las actuaciones policiales y funcionen como evidencia tanto para la ciudadanía como para los propios elementos.
Lo que ocurre en el espacio público puede ser grabado. Y cuando quienes documentan son periodistas, y quienes son grabados son servidores públicos, el escrutinio no es opcional. Es parte del cargo. Querétaro no puede normalizar que el miedo sustituya a la ley.
