A finales del siglo pasado surgen los órganos electorales para garantizar la imparcialidad, la transparencia y la legalidad en la organización de las elecciones, resolviendo con ello el conflicto de interés que existía cuando el gobierno en turno controlaba los comicios.
El Instituto Federal Electoral (IFE) se creó el 11 de octubre de 1990, producto de una reforma constitucional aprobada en abril de ese mismo año y la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Adicional a ello se crearon de manera paulatina los institutos electorales estatales principalmente entre los años 1992 y 2000, también producto de las reformas políticas y las leyes aprobadas de manera individual por el congreso de cada entidad federativa.
El Instituto Electoral Querétaro (IEQ) -quien actualmente se llama Instituto Electoral del Estado Querétaro (IEEQ) tras la reforma de 2014- se creó en septiembre de 1996. Este órgano organizó por primera ocasión una elección estatal en 1997, en donde el Partido Acción Nacional (PAN) ganó por primera ocasión la gubernatura con Ignacio Loyola Vera y la alcaldía capitalina con Francisco Garrido Patrón.
Con apenas dos años de haberse fundado, el IEQ, vivió una crisis que hoy nos recuerda lo que sucede actualmente en el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde hace algunos días su presidenta Guadalupe Taddei, se vio obligada a renunciar, tras haberse descubierto presuntos actos de corrupción, para favorecer a un grupo de proveedores.
En 1998, el Congreso del Estado de Querétaro llevó a juicio político y destituyó a los consejeros del IEQ, debido a que se descubrieron irregularidades financieras y presupuestales.
Dentro de las anomalías financieras que fundamentaron el juicio político, se documentó que IEQ adquirió una flotilla de 28 vehículos, mismos que se utilizaron para la organización del proceso electoral y después fueron vendidos en una subasta, pero el dinero obtenido de la subasta interna no se transparentó, motivo por el cual se acusó que dicho dinero se utilizó de forma discrecional.
También se documentó que al finalizar las elecciones de 1997, los consejeros se aprobaron a sí mismos compensaciones económicas extraordinarias. El Congreso argumentó que estas autoasignaciones de dinero público eran ilegales y no estaban contempladas en el presupuesto original del instituto.
Otro factor documentado es que se detectaron irregularidades graves en el pago de millones de pesos a la empresa, encargada de proveer el sistema de cómputo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 1997, acusando que dichos servicios se liquidaron sin los debidos controles ni comprobaciones.
Este fue un golpe, muchos decían de muerte, que superó el Instituto Electoral de Querétaro, provocado por el abuso del dinero público que estaba destinado para las elecciones. Hoy, afortunadamente el órgano electoral local camina con credibilidad de cara a la siguiente elección, la sombra del 1998 parece haber quedado atrás.