En más de una ocasión hemos abordado en este espacio la postura que el Poder Judicial ha tenido ante las acciones que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador. La distancia entre ambos es evidente y prácticamente desde el inicio del sexenio obradorista la controversia ha reinado en dicha relación, hoy en la recta final del periodo de AMLO las cosas no han cambiado, al contrario, se han tornado cada vez más ríspidas ante un evidente choque no sólo de ideas, sino de proyectos de nación. Hoy las diferencias parecen irreconciliables, por lo menos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tanto decretos presidenciales, como iniciativas de ley impulsadas por la mayoría en las cámaras legislativas, han encontrado un bloqueo institucional cuya razón parece ser más cercana a un pacto para obstaculizar cualquier acción que venga de Palacio Nacional o que tenga tintes guindas, que el resultado del diálogo entre los que son responsables de defender el orden que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro lado, el debate de ideas no ha sido una constante entre los ministros y parece ser que llegará el fin de la actual administración y desde la comodidad del escritorio, tanto jueces, como magistrados y ministros seguirán firmes en su objetivo de minar el camino de los proyectos representativos del gobierno de la 4T.
Si uno se detiene a analizar la actualidad entre el Ejecutivo y el Judicial, se puede dar cuenta de que las diferencias vienen de origen, la política de gobierno manifestada y empleada por López Obrador tiene como base la austeridad republicana, el recorte de privilegios a las élites de la clase política que desde hace décadas tienen un estilo de vida que ofende a la realidad de la mayoría del pueblo mexicano, esto es algo que en definitiva no cuadra con el día a día de aquellos que forman parte del Poder Judicial. Para muestra basta las prestaciones millonarias que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde existe un presupuesto de 22 mil pesos mensuales para pago de combustible, 188 mil pesos anuales para el pago de medicamentos, 700 mil pesos por año para solventar cuentas en restaurantes de lujo, 5 millones y medio de pesos para el contrato de personal, sin dejar de lado las pensiones vitalicias de las y los ministros, los cuales se retiran prácticamente con el 100% del salario que perciben en activo, mismo que ronda los 300 mil pesos al mes con aguinaldos que alcanzan cifras cercanas a los 600 mil pesos y pólizas de seguros de gastos médicos para ministros, ministras y su familia por más de 30 millones de pesos, esto sin mencionar los más de 20 mil millones de pesos que tienen en 14 fideicomisos que les permiten mantener este lujoso estilo de vida. Claramente hay una distancia entre la visión del compañero Presidente y un poder de la nación que parece representar los intereses de todos menos de la nación.
Ante el escenario expuesto en los párrafos anteriores, el grupo legislativo de Morena ha impulsado una reforma para que los ministros sean electos a través de la vía democrática, esto después del fallo en contra de las leyes secundarias en materia electoral, misma que no ha sido bien recibida por las y los involucrados.
