El gobierno de Mauricio Kuri ha sido el reflejo de inexperiencia, nepotismo, corrupción, intolerancia y persecución política, en esta colaboración compartiré los momentos de mayor tensión y fracaso político de la actual administración. A lo largo de su periódo ha tenido crisis que hoy nos explican el porqué su gestión es la peor en la historia de la entidad, que error cometimos los queretanos al permitir que un empresario que juega a la política se hiciera cargo de nuestra estado.
El 5 de marzo de 2022 un acto sin precedente se vivió en las inmediaciones del Estadio Corregidora en Querétaro, la confrontación entre grupos de aficionados de Gallos Blancos de Querétaro y el Club Atlas, dejaron al descubierto la falta de capacidad de la autoridad local para contener eventos de este tipo. Mientras al interior de la cancha se vivían actos de barbarie pura, las redes sociales se saturaron de videos donde se observaban personas inmóviles en el piso, agresiones brutales y la inoperancia de una autoridad con falta de capacidad.
Ese mismo año Kuri anunció el cambio de placas obligatorio en el Estado de Querétaro, después de 13 años sin tener cambio en este impuesto, el pretexto fue que lo recaudado sería para invertir en materia de seguridad, en ese año el cambio tuvo el costo de $2330, siendo el proceso de renovación de placas más costoso a nivel nacional y sin cumplir las expectativas generadas por el propio gobernador y otros representantes panistas. Hasta hoy los famosos códigos de seguridad no han funcionado para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en cambio las placas más caras de México se despintan con la lluvia.
Querétaro capital tiene 2 vialidades que concentran la mayoría de la carga vehicular en el estado, Boulevar Bernardo Quintana y Av. 5 de febrero. Esta último fue remodelada bajo la excusa que era necesaria para mejorar la movilidad en el estado, la obra debió entregarse en agosto 2023 y hasta el momento dicha remodelación no ha sido entregada. El costo de la obra ha superado los 7 mil millones de pesos y ha tenido añadidos como el de jardinería por montos de 50 millones de pesos. La opacidad ha estado presente, mientras los caminos realizados en lugares como Oaxaca tienen un costo de $350 el metro cuadrado con 20 centímetros de concreto, sumado a esto se han otorgado 40 millones de pesos a un notario público por certificaciones, esto genera controversia ya que el gobernador ha dado notarías a sus cercanos y familiares.
Hasta el momento no hay responsable alguno por el retraso de casi 2 años, el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Fernando González Salinas fue sustituido por Pío X Salgado, más que un relevo por ineficiencia parece ser un favor político por parte del gobernador para con su secretario encargado de la remodelación más cara del país, misma que tiene más de 450 anomalías acorde a lo declarado por colectivos expertos en materia de movilidad. Hoy en día la vialidad tiene la misma cantidad de carriles que antes de iniciar la obra, los puentes demolidos solo fueron sustituidos por paso a desnivel, poco o nada cambió con este desfalco a las arcas estatales.
A inicios de 2025 el municipio de Cadereyta vivió una situación atípica para la zona, los trabajadores del municipio iniciaron una huelga que pretendía el pago de 52 millones de pesos por adeudos pertenecientes a administraciones pasadas, panistas la mayoría. Lo atípico de esta huelga es que el sindicato nunca tuvo apertura a propuestas emanadas de la alcaldía y parte de la dirigencia tiene vínculos familiares directos con el ex alcalde Miguel Martínez. Un aspecto importante de este suceso son los intereses que hay detrás, en el municipio de Cadereyta se concentra la gran mayoría del agua que se consume en el estado, los intereses empresariales y de sus socios en el gobierno fueron el combustible para que la huelga durara 49 días, esto acompañado de un embate mediático en contra de la alcaldesa Astrid Ortega quien es fundadora de morena y es la única presidenta municipal identificada plenamente con el movimiento. El respaldo popular de la ciudadanía se vio expresado a través de la suma de voluntades para cubrir las actividades que los trabajadores municipales suspendieron por consecuencia de la huelga y en una movilización que salió de Cadereyta y culminó en la Secretaría del Trabajo.
Al final el acuerdo para el levantamiento de la huelga fue de 11 millones de pesos, mientras la Secretaría del Trabajo le pagó 2 millones de pesos al abogado del sindicato, cuando sus honorarios correspondían a poco más de 60 mil pesos que cubrió el municipio. ¿Coincidencia?
Esta es una primer entrega de los pecados del gobernador, nos leemos la siguiente semana.
Exdiputado local de Morena
