La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por probables delitos que tienen que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De hecho, se han dado señalamientos de que el patrimonio del gobernador no corresponde a los ingresos que obtuvo como empresario y por su actividad como servidor público. Se mencionan movimientos financieros considerados irregulares que superan los 900 millones de pesos.
El significado de tal acto judicial, también tendría que ser valorado desde una visión política, por supuesto. Y no se trata de asuntos especialmente electorales, aunque pareciera que por los tiempos que corren, allí está la explicación.
Desde mi punto de vista, habría que considerar lo siguiente para entender este acontecimiento político y que, podría permitirnos pronosticar los siguientes movimientos que los actores en escena estarían realizando.
Primero, tenemos que recordar que el proyecto de López Obrador y de Morena está inscrito en el Cambio de Régimen político, es decir, en la transformación de un régimen político sustentado en la corrupción, el uso de la violencia política, en la conformación de grupos de interés nacionales y extranjeros muy poderosos para llevar a cabo la privatización de los recursos naturales y de la transnacionalización de la economía mexicana subordinadas a los grandes conglomerados financieros.
Para formar y consolidar este proyecto de sustracción de nuestros recursos naturales, fue necesario conformar y recrear una élite política asociada a un grupo económico muy fuerte, que fue facilitado por una política de Estado desde Salinas de Gortari, y consolidado con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Calderón y del priísta Peña Nieto.
Un proyecto político elitista que, a través de los partidos políticos y el control de los organismos estatales, facilitara el hurto y la rapacidad.
Por ello, la llegada de López Obrador y la necesidad de Gobernar una nación en caos y problemas económicos graves, resultaba necesario e imperioso iniciar el desmantelamiento de ese régimen que, en los últimos tiempos, se desarrolló como un Estado de delincuencia organizada.
Tamaulipas ha sido un espacio territorial estratégico tanto para la delincuencia organizada, como para temas relacionados con la producción y explotación de petróleo y gas muy importantes para nuestro país.
Desafortunadamente, Tamaulipas ha sido señalado como territorio, durante décadas, del ejercicio de muchas irregularidades y ha sido el espacio de grupos delincuenciales muy poderosos. Pero ese poderío está asociado con los grupos de poder político regional que dominan esa zona. Narcotraficantes, tratantes de blancas, tratantes de migrantes, contrabando de muchos productos, incluyendo armamento, etc., serían algunos de las actividades predominantes.
Sin embargo, Tamaulipas pertenece a una de las zonas energéticas estratégicas no sólo para México, sino para el sur de los Estados Unidos. Además, en sus costas y en lo que se denomina el mar profundo, cohabita con empresas extranjeras que igualmente participan con la explotación de una de las zonas más productivas de petróleo.
Sólo para mencionar algunos casos, la angloholandesa Shell incrementó en, en 2020, el 67 por ciento su capital en 5 áreas contractuales frente a costas de la entidad, esto en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Llegó a los 77 millones de dólares, cuando un año antes gastó US$46 millones. Otra empresa es China National Offshore and Oil Corporation (Cnooc) con dos campos también en aguas profundas. Y para entender el enojo de Calderón, agreguemos a la española Repsol que disparó su inversión de US$14 millones hasta los 51 millones de dólares. Ambos cuentan con base de operaciones en el puerto de Tampico, al ocupar patios de compañías privadas sobre las márgenes del río Pánuco para un movimiento de personal y material.
Por ello, sólo hay que recordar que Cabeza de Vaca ofertó su voto, cuando era senador, para facilitar y avanzar con la reforma energética de Peña Nieto. Extorsionó y presionó, según Losoya, para entregar todos los recursos de hidrocarburos a empresas privadas, especialmente transnacionales. El gobernador de Tamaulipas, según el periódico El País, forma parte de un grupo que involucra a alrededor de 200 empresas comercializadoras y transportistas involucrados en la importación ilegal de gasolina de Texas. Así que su actividad ha consistido en la venta ilegal de gasolina para evadir el fisco.
Así, podríamos aventurar que llevar a cabo un proceso de transformación de régimen político también pasa por el desmantelamiento de poderes regionales poderosos, aliados a intereses extranjeros, que constituyen amenazas muy importantes al proyecto de nación que construye López Obrador y Morena.
En este sentido, creo que la solicitud de la FGR pasa por la visión general de iniciar un proceso de desmantelamiento de grupos económicos poderosos, asociados al poder político regional en diversas partes del país y que generan violencia y confrontación política.
¿Usted que opina?