Hoy inicia el tercer año de ejercicio de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados y desde la Comisión de Justicia estamos listos para darle a México las leyes que se necesitan para garantizar el acceso a la justicia y mejorar las condiciones de seguridad para nuestra gente. Durante los primeros años de esta Legislatura ya hemos aprobado numerosas reformas de gran importancia y en este último tramo consolidaremos el trabajo legislativo para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

El pasado 30 de agosto se instaló la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), la cual se encargará de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el ordenamiento jurídico más importante de las últimas décadas. Esta Comisión tendrá la titánica tarea de impulsar las adecuaciones normativas, los cambios administrativos y la expedición de los acuerdos necesarios para que el nuevo sistema de justicia civil y familiar sea una realidad en todas las entidades federativas.

En paralelo con la implementación del nuevo sistema redactaremos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el ordenamiento que permitirá que las personas puedan tener acceso a otras vías, además de la jurisdiccional, para resolver sus conflictos.

Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberemos expedir esta legislación antes de que termine el primer periodo ordinario de este año de ejercicio, es decir el 15 de diciembre.

La implementación integral de estos dos ordenamientos revolucionará la forma en que las personas resuelven sus conflictos en el ámbito privado y será una gran aportación para demostrar que sí es posible que el país pueda comenzar a pacificarse por la vía de las instituciones y las leyes.

Después de esta legislatura, las materias de derecho civil y familiar tendrán una nueva perspectiva y visión para el beneficio de la familia y los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Por otra parte, realizaremos diversas reformas urgentes para contener la crisis de inseguridad que azota a nuestro país. Entre ellas se encuentra la sanción del uso de drones con fines ilícitos, uno de los fenómenos más recientes con el cual el crimen organizado ha diversificado el terror que siembra entre la sociedad. También fortalecer las sanciones y las medidas para los casos de desaparición forzada de personas.

Otro de los fenómenos que requiere nuestra atención urgente es la sanción de la extorsión, uno de los delitos más extendidos en nuestro país y que afecta directamente a millones de pequeños comerciantes y familias.

También realizaremos reformas para facilitar las labores de investigación de los ministerios públicos y para garantizar que tengan más herramientas en el desarrollo de los procedimientos penales para defender a las víctimas. Con estas reformas, durante el primer periodo ordinario de sesiones de este año legislativo seguiremos dando resultados para mejorar lo que tanto le urge a nuestro país: mejorar el acceso a la justicia.