Después de más de nueve meses de trabajos ininterrumpidos, en los cuales tuve el honor de participar como Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó este miércoles el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con ello, hemos dado el primer paso formal para darle a México un ordenamiento que modernice la impartición de justicia en uno de los ámbitos más comunes y cotidianos de nuestro país: la materia civil y familiar.
El nuevo Código es probablemente la legislación más importante que se ha expedido en las décadas recientes. Para dimensionar su relevancia basta con mencionar que tendrá un impacto directo en el 64% de los poco más de un millón y medio de juicios que se ventilan cada año en los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Es decir, más de la mitad de todos los conflictos y controversias que se resuelven en nuestro país, ahora se regirán por nuevas reglas procesales.
La modernización que implica este ordenamiento es tan profunda que abundar en todos sus aspectos sería imposible en este espacio. Por ello quiero resaltar tres aspectos positivos que traerá consigo la nueva legislación en su conjunto: su importancia como instrumento para la paz y la gobernabilidad; su trascendencia para garantizar derechos sociales y las armonizaciones que llegarán como resultado de su implementación.
En primer lugar es necesario recordar que entre las causas que actualmente dificultan el acceso a la justicia destaca la complejidad de contar con un sistema de reglas procesales diferente en cada estado: en su lugar, ahora habrá un sistema único aplicable en cualquier parte de todo el país, con lo cual se simplificarán los procesos y se homologarán los criterios y las capacidades institucionales. Contar con una legislación nacional favorecerá la resolución de conflictos y, con ello, habrá mejores condiciones para alcanzar la paz social y mantener la gobernabilidad.
Por otra parte el Código contempla nuevas reglas para garantizar de manera más amplia y efectiva principios como el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, lo cual se advierte en aspectos específicos como la simplificación para los procesos de adopción, la determinación de obligaciones alimentarias y todos los juicios del orden familiar. Además, se establecerá el uso de tecnologías de la información para migrar a un sistema de justicia digital que acerque a las personas con las instituciones de justicia.
Finalmente, la implementación de este Código implicará una amplia labor de formación, capacitación y socialización que formará una nueva generación de abogados y juzgadores que operen un sistema de justicia que ahora tendrá como objetivo prioritario la resolución del fondo de los conflictos por encima de las formalidades procesales. Esto derivará en un cambio social que haga confiable el sistema de justicia para que la sociedad resuelva sus controversias en el marco de las instituciones.
En próximos días dictaminaremos esta Minuta en la Comisión de Justicia para que su expedición sea una realidad para el país y, con ello, mejore sustancialmente el acceso a la justicia. Con la aprobación de este Código seguiré haciendo realidad mi compromiso de entregarle a México la legislación que se necesita y urge para mejorar la vida cotidiana de todas las personas.