El presidente López Obrador ha demostrado en reiteradas ocasiones su obsesión por consolidarse como mandamás en el país. Mucho ojo: no como mandatario, sino como mandamás. Su forma de gobernar y hacer política no están centrados en dar resultados y en mejorar la vida de las personas, sino en la idolatría a su persona y la obediencia incuestionable a su voluntad. Estas actitudes, que describen más a un dictador que a un gobernante, tienen muchas expresiones: esta vez hablaremos de su obsesión por las remuneraciones.

En 2009, una mayoría panista en el Congreso de la Unión impulsó una reforma para fijar un salario máximo de los servidores públicos. Bajo una visión de Estado que buscaba disminuir los excesos de la burocracia, se propuso y aprobó fijar la remuneración del Presidente como la máxima posible en todos los órdenes de gobierno. Esta reforma contempló un régimen transitorio que respetó la cuantía de las remuneraciones fijadas para los servidores públicos que ya desempeñaban sus funciones en aquel entonces y que sigue vigente hasta la fecha.

Sin embargo, con el paso de los años y la creación de nuevas instituciones autónomas, se perdió el sentido original de la reforma, pensada para un gobierno cuya gran mayoría de las instituciones funcionaban bajo el modelo tradicional de división de poderes. Es imposible aplicar esta disposición 14 años después; más aun, si consideramos que el artículo 123, apartado B, de la Constitución establece que “a trabajo igual corresponderá salario igual”.

Bajo la interpretación integral del texto constitucional tiene sentido que hoy haya funcionarios que tengan remuneraciones superiores a las del Presidente: por ejemplo, sería contrario a la propia Constitución que haya ministros de la Suprema Corte con un salario más alto que el de otros, a pesar de desempeñar exactamente el mismo trabajo. Quienes defienden a ultranza el salario máximo del Presidente no lo hacen por respeto al marco constitucional, sino por la delicadeza de la piel presidencial.

La cantaleta de acusar a funcionarios con una remuneración mayor a la del Presidente ha escalado. Los diputados que aprueban el presupuesto y, con ello, las remuneraciones de ministros de la SCJN, han presentado una denuncia de juicio político contra cuatro de ellos por “ganar más que el Presidente”. El colmo de la ignominia, que culpen a otros de lo que ellos aprueban.

Estamos frente a un nuevo capítulo de la conocida ira presidencial: a quien no se cuadra ante sus intereses, lo tunde con todo el poder del Estado. Desde la Subcomisión de Examen Previo reitero que los diputados de oposición no permitiremos el uso de este órgano para vendettas personales. El marco constitucional es aquel que interpretan nuestros jueces constitucionales, no las reglas que se le antojen a un Presidente obsesionado con sus inseguridades.