Durante esta Legislatura, desde la Presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, hemos impulsado un cambio sustancial en el paradigma de la impartición de justicia. Históricamente nuestro país se ha distinguido por tener sistemas de justicia lentos, onerosos y, a veces corruptos, en donde no necesariamente obtiene justicia quien tiene la razón, sino quien logra prolongar más los juicios o quien logra cooptar a la autoridad. Con la intención de acabar con esas malas prácticas, iniciamos un amplio proceso legislativo para expedir las leyes que definen nuevas reglas para resolver los conflictos.

En un primer momento expedimos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el ordenamiento jurídico que establece los principios y normas bajo los cuales se deben resolver los conflictos en materia civil y familiar, cuando estos se resuelvan por la vía judicial. Así buscamos reducir plazos, trámites y formalismos en todos los procedimientos, para que los juicios sean más rápidos, menos costosos y más protegidos frente a posibles actos de corrupción.

La expedición de dicho Código, además de los beneficios que tendrá para las partes que acudan a juicio, tendrá como efecto positivo que ahora las instituciones de impartición de justicia puedan ser vistas como protectoras de la familia, de las mujeres y de la niñez. También planteamos el reconocimiento de las necesidades especiales para las personas con discapacidad y un cambio mayúsculo: comenzar a entender que quienes ejercen la abogacía deben convertirse en facilitadores para resolver problemas y no en autores de más conflictos.

Este cambio de paradigma se profundizará con la expedición de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En esta nueva ley estableceremos las bases para el reconocimiento de nuevos procedimientos con los cuales las personas puedan resolver sus conflictos sin llegar a juicio. Estos procedimientos son aún más innovadores, pues no será necesario el acompañamiento de abogados ni de jueces, pero el acuerdo al que lleguen las partes podría tener fuerza de cosa juzgada.

Durante las últimas semanas, en conjunto con el Senado de la República, hemos recuperado las mejores prácticas y experiencias mediante la realización de Foros en diversos estados de la República, incluyendo por supuesto a Querétaro. Todas estas conclusiones enriquecerán los trabajos del Grupo Técnico Redactor que habremos de instalar en próximos días y que será un ejercicio de primer nivel para construir la mejor legislación posible que contribuya a mejorar la armonía social.

A nuestro país le urge inaugurar una etapa de resolución pacífica de conflictos para volver a construir la confianza que fortalezca el tejido social. Tenemos que unir nuevamente a nuestras colonias, a nuestras comunidades, y eso sólo lo lograremos si podemos confiar entre nosotros mismos. La nueva Ley que estamos por legislar no es una panacea, pero es un paso en la dirección correcta. Para instaurar una cultura de paz y de diálogo que fortalezca la gobernabilidad, nos urge comprobar que sí se pueden resolver conflictos lejos de la violencia. Y lo vamos a lograr.