El pasado lunes, por mayoría de nueve votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar la reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas —que comúnmente se conoce como “la primera parte del Plan B”, porque fue la primera en publicarse en el Diario Oficial de la Federación—. Con esta resolución la Suprema Corte reafirmó el valor del principio de legalidad, uno de los más importantes de la Constitución y quizá el más molesto para el Presidente; bajo ese principio, la Ley es la Ley.

El planteamiento del debate público en torno al Plan B provocó que el contenido de la reforma pasara a segundo plano.

Hay que recordar que “la primera parte” permitiría que cualquier funcionario pudiera hablar de las campañas y que los gobiernos se promovieran en época de elecciones, algo absolutamente inequitativo por desviar recursos públicos para favorecer partidos y candidatos. En su lugar, el debate se centró más bien en una cuestión que es fundamental para la democracia: el respeto absoluto de lo que establecen las leyes.

Nadie sabe por qué razones, además de obedecer ciegamente a López Obrador, los legisladores de Morena atropellaron todo el procedimiento legislativo para aprobar en fast track, en menos de cuatro horas, toda una reforma electoral.

Pisotearon el reglamento y las prácticas parlamentarias y llegaron al límite de lo imposible: ¿quién puede creer que en menos de 15 minutos una persona puede enterarse del contenido de más de 300 páginas?

La Suprema Corte hizo notar todas estas violaciones para determinar la invalidez del proyecto: resaltaron que los legisladores no tuvimos tiempo suficiente para conocer lo que estábamos discutiendo; que no se demostró la urgencia para la discusión ni se justificó la dispensa de trámites; y que no puede haber deliberación real sobre un documento que ni siquiera se conoce a plenitud. Como lo dijo el ministro Luis María Aguilar: “No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan un sector del pueblo de México”.

Los ministros actuaron para proteger la Constitución y el orden legal, pero López Obrador y los legisladores de Morena han emprendido una campaña de acoso y desprestigio en su contra. Incluso el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, amagó con hacer uso de juicio político en su contra. Ahora resulta que por cumplir con su labor y haber cuidado que el procedimiento con el que se hacen las leyes esté apegado a la Constitución, los ministros se merecen ser inhabilitados o destituidos de su cargo.

Por ello, desde aquí les digo que se van a topar con pared. Como copresidente de la Subcomisión de Juicios Políticos anuncio que no habrá ningún juicio político, porque claramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no incurrieron en ninguna causal de responsabilidad. Basta ya de amenazas al Poder Judicial: que quede claro que en México, aunque no les guste, la Ley es la Ley y todos la debemos respetar.