Procurar e impartir justicia es una de las funciones primordiales del Estado. Sin la función jurisdiccional y la capacidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, en su vertiente de la persecución y sanción de los delitos, ningún gobierno puede tener viabilidad en la realidad. Por ello, evaluar el desempeño de estas funciones no sólo permite conocer las áreas de oportunidad para robustecerlas, sino también medir la salud del propio gobierno que se analiza.

En días recientes México Evalúa publicó el estudio “Hallazgos 2022”, un reporte desarrollado anualmente para evaluar la calidad de la justicia penal y el sistema que la integra en los ámbitos federal y estatal. Esto incluye aspectos tan importantes como el índice de impunidad, la confianza en las instituciones de justicia, la eficiencia de los procedimientos penales y la interacción de las corporaciones de seguridad con la delincuencia al momento de las detenciones.

El reporte, que se realiza a partir del análisis de la información obtenida mediante fuentes oficiales, permite “mirar una fotografía” del estado actual de la justicia penal y, desafortunadamente, a nivel nacional las cosas no van bien. Por ejemplo, en los últimos diez años la cifra negra -los delitos que ocurren pero que no se denuncian- no ha descendido ni un dígito, lo cual refleja que la desconfianza en las instituciones de justicia se mantiene intacta a pesar de la plena entrada en vigor de un nuevo sistema de justicia penal.

La impunidad ha incrementado comparada con el año pasado y actualmente alcanza una media nacional de 96.3%; esto se refleja acentuadamente en delitos como el feminicidio, el secuestro y la violencia familiar. Por otra parte, los ministerios públicos cada vez tienen menos capacidad para resolver denuncias y querellas. De las 2.3 millones que se recibieron, el 87.9% se tradujo en una carpeta de investigación, lo cual implica una reducción de 4 puntos con relación al estudio de 2021.

Sin embargo, para Querétaro hay muy buenas noticias. En el ranking de capacidad instalada del sistema de justicia penal, que mide los insumos institucionales con los que cuenta cada sistema estatal para atender la demanda de procuración e impartición de justicia tales como: elementos de política pública, presupuesto, personal, infraestructura y modelos de gestión, Querétaro ocupa nuevamente el primer lugar nacional.

Esto se debe en gran medida al aclamado modelo de justicia Cosmos, que se ha convertido en referencia para el resto de las entidades federativas por ser un sistema que contempla de manera integral y sistémico la justicia penal y la seguridad. Los resultados reflejan que vamos en la ruta correcta para que Querétaro garantice plenamente la seguridad y la justicia para la ciudadanía.

Consolidar el liderazgo nacional en materia de justicia penal es un orgullo para las y los queretanos, que nos alienta a mantener y fortalecer las políticas que han permitido que este sea un estado donde las familias se sientan seguras y cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con paz y seguridad. Con estos logros se demuestra que estamos listos para ir juntos al siguiente nivel.