La extorsión es uno de los flagelos que más han calado a la sociedad mexicana en los años recientes. Lo que comenzó como un delito que se cometía mayormente por la vía telefónica utilizando el engaño, hoy es un cáncer que carcome todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que cada vez encuentra más formas de diversificación.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023 se presentaron 10 mil 333 casos de extorsión en todo el país.

Sin embargo, esta cifra está lejos de la realidad: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en 2023 el delito de extorsión alcanzó un 97.4% de cifra negra, lo que significa que prácticamente no se denuncia. De hecho, es el delito con la cifra negra más alta de todos los que se cometen en México.

Las razones son muy diversas, pero las más evidentes están relacionadas con el temor a represalias por parte de grupos de la delincuencia organizada, que han arrasado poblaciones enteras que se negaron a pagar “derecho de piso” una de las modalidades más frecuentes de la extorsión.

La dimensión del problema está alcanzando matices cada vez más altos, como el de los hechos ocurridos en el municipio mexiquense de Texcaltitlán, una población que actualmente vive en la zozobra por la permanente expectativa de represalias por parte del crimen organizado.

Estos sucesos ponen en evidencia que la reacción del Gobierno Federal ha sido tardía e insuficiente para proteger lo más importante: la vida y la integridad de las familias mexicanas.

En medio de esta coyuntura es urgente y necesaria la coordinación de todos los órdenes de gobierno para combatir de manera integral la extorsión. Es momento de desarrollar una reflexión profunda para analizar cuál es la mejor manera de atacar este flagelo que le ha quitado la tranquilidad a regiones enteras de nuestro país y que actualmente afecta a las personas más vulnerables y marginadas.

Una primera aproximación al problema pasa necesariamente por el análisis de las competencias que concurren para perseguir, investigar y sancionar este delito, así como de las conductas que implica y que en el futuro próximo podrían implicar, dado el uso de tecnologías para cometerlo. También es necesario replantear cómo se relaciona este delito con las actividades que realiza la delincuencia organizada, otro gran tema pendiente de analizarse con mayor profundidad.

Lo que es ineludible es que la respuesta del Estado Mexicano debe ser enérgica, rápida y contundente, en la misma medida en que el problema ha crecido en los años recientes. Devolverles la tranquilidad y la seguridad a las familias es una tarea que no se puede postergar, porque cada día que pasa se traduce en más víctimas y en un daño irreparable para las comunidades. Debemos lograr que en México no exista más “derecho de piso” que el que tiene legítimamente quien lo posee en el marco de la Ley.