Hay algo que me inquieta profundamente de esta época. No es la velocidad con la que viaja la información, sino la velocidad con la que decidimos quién merece ser condenado.
Vivimos conectados a una plaza pública gigantesca donde cualquiera puede opinar, denunciar, aplaudir o destruir. Eso, en muchos sentidos, ha sido un avance. Las redes sociales han permitido visibilizar injusticias, denunciar abusos y dar voz a personas que durante años permanecieron en silencio.
Pero también nos han convertido en un jurado que rara vez conoce el expediente completo.
En los últimos días hemos visto dos casos muy distintos. Uno terminó de la manera más dolorosa: un profesor señalado por una denuncia de abuso sexual decidió quitarse la vida. El otro involucró a Pedro Sola, quien hizo un comentario desafortunado sobre el envenenamiento de perros, provocando una indignación completamente comprensible entre quienes amamos y protegemos a los animales.
No estoy comparando los hechos. Tampoco sugiero que deban recibir la misma respuesta. Sería irresponsable hacerlo.
Lo que sí tienen en común es la manera en que reaccionamos como sociedad.
Las redes sociales tienen una enorme capacidad para informar, pero también para amplificar nuestras emociones. Nos indignamos en minutos, compartimos antes de verificar y muchas veces emitimos una sentencia antes de que exista una investigación, una explicación o incluso una disculpa.
Y entonces me pregunto: ¿en qué momento dejamos de exigir responsabilidad para comenzar a exigir destrucción?
Porque existe una diferencia enorme entre decir: "Lo que hiciste está mal y debes asumir las consecuencias", y decir: "No mereces volver a trabajar, hablar o existir públicamente".
La primera postura busca justicia.
La segunda busca cancelar a una persona.
Como protectora de animales, entiendo perfectamente la indignación que puede despertar cualquier comentario que parezca normalizar el maltrato. También entiendo la necesidad de que las víctimas de cualquier tipo de violencia sean escuchadas y tomadas en serio. Ambas causas son legítimas y necesarias.
Pero precisamente porque son causas importantes, debemos cuidarlas del impulso de convertirlas en espectáculos de odio.
Internet tiene muy poca memoria para las disculpas, pero una memoria casi infinita para los errores.
Una acusación, una frase desafortunada o un video fuera de contexto pueden perseguir a alguien durante años. A veces con razón. Otras veces sin que exista siquiera la oportunidad de explicar, reparar o defenderse.
Quizá el problema no sea la tecnología. La tecnología solo amplifica lo que somos.
El verdadero reto está en recordar que detrás de cada pantalla hay personas. Personas que pueden equivocarse, personas que pueden mentir, personas que pueden ser víctimas, personas que pueden reparar el daño y, también, personas cuya vida puede derrumbarse por una condena social emitida en cuestión de horas.
La justicia necesita tiempo. Necesita pruebas. Necesita escuchar.
Las redes sociales, en cambio, solo necesitan una conexión a internet y un botón para compartir.
No se trata de guardar silencio frente a la injusticia. Tampoco de proteger a quien haya causado daño.
Se trata de no olvidar que una sociedad verdaderamente justa no solo sabe señalar aquello que está mal; también sabe poner límites a su propia furia.
Porque cuando la indignación deja de buscar verdad y comienza a buscar la destrucción del otro, todos perdemos un poco de nuestra humanidad.
Y quizá esa sea la pregunta más importante que deberíamos hacernos antes de publicar el próximo comentario:
¿Estoy contribuyendo a que exista más justicia... o simplemente estoy ayudando a que haya otro linchamiento?