Las elecciones de junio no sólo son las más grandes de la historia por el número de puestos en juego, sino una de las más importantes, por su trascendencia histórica. Si el gobierno mantiene una mayoría calificada, el camino hacia la dictadura se convertirá en una carretera de cuatro carriles. En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad máxima en materia electoral, jugará un papel fundamental; sin embargo, su posible actuación está bajo los reflectores de la duda.

Si bien a veces parece imparcial, con mucha mayor frecuencia se le ve cargado hacia el gobierno federal. Por un lado frena el envío de cartas firmadas por el presidente en algún gasto electoral disfrazado de programa social, pero, por otro, revoca las multas importantes al partido del Ejecutivo.

El más notable de los servicios del Tribunal al gobierno es la revocación a la decisión del INE de negar el registro a dos partidos ligados al presidente: Fuerza Social por México, propiedad de un senador de Morena, y Redes Sociales Progresistas, perteneciente a Elba Esther Gordillo, nueva aliada electoral del primer mandatario.

El Tribunal Electoral debería de ser un contrapeso al afán presidencial de concentrar todo el poder. En su ya célebre libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt destacan que el Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, “controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia… pero cuando dejan que el presidente apruebe leyes abusivas, ilegales e incluso autoritarias, el perro guardián se transforma en un perro faldero”.

El Tribunal le regaló al presidente el registro de dos partidos afines. Como ocurrió en las elecciones de 2018, algunos morenistas pueden registrarse bajo esas siglas y, una vez en la Cámara de Diputados, renunciar para ir a Morena y crear una mayoría artificial. El Tribunal pone en riesgo a la joven democracia mexicana. La alternancia ocurrió hace apenas 21 años, después de un lento proceso de democratización que empezó con el fin del partido único, en 1988.

Como autoridad electoral, el Tribunal está obligado a jugar un papel impecable, estrictamente apegado a la ley. Tiene la última palabra y si decide actuar con deshonra, puede inclinar la balanza a favor del autoritarismo. Desafortunadamente, estos últimos días, los magistrados han estado envueltos en un pleito por los dineros. Ojalá que piensen en el país y recuerden que su razón de ser es proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Ojalá el Tribunal no termine como un perrito faldero.