Monina y Songo le dio a Borondongo; Borondongo le dio a Bernabé; Bernabé le pegó a Muchilanga…” Así describió hace años la iluminada futurista Celia Cruz lo que hoy acontece en el escenario político de México: el Poder Ejecutivo apoyado por el Poder Legislativo, en lucha a muerte contra el Poder Judicial. En otras palabras, el presidente López Obrador contra ministros, magistrados y jueces, con el refuerzo obligado de los señores Monreal en el Senado y Delgado en Diputados. Una batalla campal a la que se suman un día sí y el otro también instituciones y voces de uno u otro bando.

Las acusaciones mutuas han sido cosa de todos los días: la Corte, los tribunales y sus titulares como sinónimo de corrupción y avorazamiento; el nuevo gobierno bajo la creciente sospecha de autoritarismo.

El fallo de los magistrados del Trife dando ganadora a la panista Martha Erika Alonso sobre el morenista Miguel Barbosa, fue calificado por el presidente como “una decisión antidemocrática y equivocada” aunque admitió acatarla. Pero, desde luego, el choque frontal se ha derivado de la suspensión —asumida en la Corte— de la Ley Federal de Remuneraciones que establece que ningún servidor público gane más que el presidente que se impuso un salario de 108 mil pesos mensuales; la reacción presidencial ha señalado que los ingresos de ministros y jueces son exagerados y ofensivos, y a la vez son los mejor pagados del mundo. Y que eso no tiene nada que ver con la justicia.

Por primera vez, magistrados e impartidores de justicia de 25 estados, salieron a protestar contra la reducción de salarios y la intromisión a su autonomía: “En una democracia fortalecida, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”.

Lo grave es que el conflicto ha escalado al grado de que los líderes morenos advierten que su batalla no está perdida y que todo se dirimirá en el Congreso donde sí bajarán los sueldos, lo que implicará de facto la rebeldía y hasta el desconocimiento del poder judicial. Gravísimo. Por lo cual crece la unanimidad para solicitar la mediación de doña Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación y hasta hace poco Ministra de la Corte, quien reconoce que “es complicado el tema de la reducción de salarios a los integrantes del Poder Judicial, porque están protegidos por la Constitución”, aunque recomendó el diálogo, donde precisamente cabría su más pronta intervención.