Pan y circo
Roberto Hernández es el primer documentalista mexicano que se acoge al programa de protección a periodistas.
Su película, Presunto culpable, es al mismo tiempo, la primer película legalmente censurada en México. Nadie la puede ver públicamente en ningún formato y tampoco comercializar.
Hace una semana, el cineasta y su familia, dos hijas y la productora Layda Negrete, recibieron amenazas de muerte y ahora son vigilados ahora las 24 horas por un equipo de seguridad, entre otras medidas preventivas.
Su delito, por decirlo de alguna manera, fue filmar un documental que denuncias las corruptelas del sistema penitenciario en México y la inoperancia de los procesos judiciales.
El pecado de Hernández fue hacer esta película sobre del joven José Antonio Zúñiga, acusado de asesinato, y por la cual libró una condena de 20 años de cárcel.
El caso destacó en el plano internacional, en 2011, cuando la película fue premiada en Estados Unidos con un Emmy a Mejor Investigación Periodística. Es decir, que los ojos del mundo están atentos sobre lo que pase con este asunto.
Las amenazas mortales contra la familia Hernández llegan al mismo tiempo que un juzgado de Morelia, Michoacán, está por dictar una sentencia definitiva sobre la prohibición de exhibir la película, lo cual no ha sucedido legalmente, es decir, en el papel, con sello y con firma oficial.
Vamos a los antecedentes. Desde hace casi dos años, Hernández y Negrete enfrentan unas 20 demandas en cortes mexicanas, por unos 3 mil millones de pesos mexicanos (unos 227 millones de dólares), por supuestamente dañar la imagen pública de varios de los involucrados en este caso, entre ellos la familia del joven asesinado de un disparo en 2005 en Iztapalapa.
Presunto culpable se retiró de los cines y de cualquier otro formato de exhibición en marzo de 2011 por una orden de la jueza Blanca Lobo y desde entonces se encuentran litigando.
“Es un caso de libertad de expresión que no jurídicamente complicado, lo que pasa que somos la papa caliente (del sistema legal) y están calculando la decisión”, explicó Hernández a este columnista.
La sentencia, a favor o en contra de la exhibición de la película, podría dar un giro a favor de los cineasta y desahogar las restantes demandas contra los realizadores, entre ellas la de Víctor Reyes, principal testigo contra José Antonio Zúñiga.
El cineasta ha denunciado un acoso judicial en su contra, sin embargo, dijo no estar agobiado por los hechos. “Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer”.
Declaró también que ni las amenazas y demandas evitarán que vuelva a filmar y que tampoco piensa irse del país.
Es más, dijo Hernández, que de continuar el acoso legal filmará Presunto culpable 2, una versión reloaded sobre la corrupción en los tribunales mexicanos.
En los hechos, los jueces no saben qué hacer con el expediente Presunto culpable. La pregunta es: ya tienen los juzgados una pala caliente. ¿Quieren dos?
