Uno de los mayores desafíos, como sociedad, tiene que ver con los índices delictivos y la violencia. Hace una década, inició un cambio en el sistema de justicia. La reforma penal introdujo un cambio de paradigma: la fórmula de presentar un caso al juez para que determine si se acredita o no el delito se complementó con la mediación entre víctima y responsable, con el fin de solucionar más pronto el conflicto penal a través de la reparación del daño.
Uno de los retos ha sido la divergencia en los resultados de sus partes integrantes, como lo ha señalado el World Justice Project. Un “sistema” de justicia penal contiene subsistemas que interactúan. Cada elemento debe concatenarse para que el sistema funcione. En caso contrario, se puede incurrir en lo que algunos especialistas denominan “integración débil”.
En nuestro caso, los subsistemas que componen el sistema de justicia penal son las policías, Ministerios Públicos, jueces y autoridades penitenciarias. Cada uno posee responsabilidades: la policía participa en detenciones y obtención de pruebas; el MP dirige la investigación, solicita órdenes de aprehensión y formula acusaciones; el juez libra las órdenes de aprehensión, resuelve el proceso; mientras que la autoridad penitenciaria ejecuta las penas impuestas por el juez.
Para evitar una integración débil en el sistema de justicia, sus componentes no deben seguir aislados, con valores, ritmos y dinámicas distintas. Además de fortalecer cada subsistema mediante la capacitación y la evaluación, se requiere de una mejor concatenación y una estructura de incentivos mutuos que fomenten procesos de seguimiento, coordinación y rendición de cuentas entre los eslabones.
Lo anterior ayudaría a resolver problemas que se observan en la práctica. Ejemplo de ello es cuando el MP solicita una orden de aprehensión por el delito de homicidio y el juez la concede ordenando a la policía su ejecución. Los encargados de perseguir y detener al delincuente no trabajan para el juez, sino que pertenecen a una institución independiente y ajena al juzgado. Por ello, a partir de que libra la orden, el juez se desentiende y el asunto se archiva hasta que se logre la detención del probable responsable. ¿Cómo supervisar el trabajo de las policías? ¿Qué plazo debe otorgarse para detener al responsable? ¿Qué podría hacer el juez para colaborar o presionar para que se cumpla la orden de aprehensión que él mismo ordenó?
Mientras continúen separadas las autoridades, sin mecanismos de coordinación y seguimiento, seguirá existiendo en México el drama penal de la impunidad. Muestra de ello es el asesinato del juez Vicente Zacarías, que aconteció el pasado 17 de octubre. Al día de hoy, los responsables siguen libres y la justicia continúa sin reparar el daño a sus familiares, pese a evidencias en video que permiten reconocer al delincuente.
El hecho de que existan pendientes no debe detener la consolidación del sistema de justicia para que, en el menor tiempo posible, genere resultados. La tarea de abatir la impunidad y garantizar la reparación del daño a las víctimas es una de las más urgentes. A diez años de iniciada su reforma, es pertinente reforzar los eslabones del sistema de justicia penal.