Los distintos gobiernos municipales, estatales y federales que hemos padecido a lo largo de nuestra historia “democrática”, han tenido la generosa certeza que deben pensar y actuar por nombre de sus gobernados y que los actos de estado sólo les competen a ellos. Se sienten tutores de los ciudadanos, con la obligación de “cuidar y administrar” los bienes de un pueblo que no tiene capacidad para cuidar, inclusive, de sí mismo. Consideran que sus gobernados tienen un perfil cultural tan bajo que les impide poder emitir opinión alguna en los grandes proyectos públicos.
También podemos advertir el mimetismo social en que incurren (imitando lenguaje, gestos, ademanes y argumentos) el gobierno federal, medios de comunicación oficiales y empresarios elegidos, trabajando en armonía total para “empujar” hasta el delirio los proyectos conjuntamente preconcebidos que en lo general han ido en contra de los intereses de los mexicanos.
Comparten, sin pudor alguno, el deprecio que tienen por aquellos ciudadanos que se atrevan a participar en una consulta sin antes haber pasado por el tamiz “necesarísimo” de ser expertos en ingeniería de suelos, aeronáutica, construcción, tráfico aéreo, y demás “ciencias exactas”.
Pasan por alto, en su absurda discriminación, que una parte de las aportaciones requeridas son del gobierno, es decir, del pueblo de México, y es éste el verdadero socio, al que los gobiernos tienen la obligación de obedecer.
Existen estudios financieros formales sobre la inviabilidad del NAIM, si se actualizaban los costos, la tasa interna de retorno social habría sido negativa, generando pérdidas adicionales para la población. Por eso fue importante la consulta para TODOS aquellos que juzgaron importante su futuro y la de sus familias. Tenemos la obligación de supervisar y decidir las inversiones de nuestro dinero en común toda vez que hemos sido testigos, a lo largo de la historia, de los saqueos provocados por las “inversiones oficiales”.
Se requiere una alta dosis de insensatez y amnesia para no tener presente la creación e instrumentación, por unos cuantos individuos, del fatídico Fobaproa que fue uno de los eventos políticos y financieros más escandalosos en la historia mexicana. El estado compró a los “banqueros” la cartera de créditos incobrables y fraudulentos (les prestaban a empresas fantasmas de ellos mismos) que después el gobierno no pudo cobrar y por tanto se convirtió en deuda pública. Ninguno de los accionistas de los bancos perdió un centavo. La aplicación del FOBAPROA ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas siguen sufriendo esas consecuencias.
Tras haber pagado un monto equivalente a 2 billones de pesos (3.4 veces el saldo original) los mexicanos debemos 410 millones de pesos adicionales. La deuda rebasa ya el billón de pesos y equivale a casi una quinta parte del presupuesto federal de egresos de 2018. Se estima que la deuda podría ser pagada en 70 años más, incluyendo a tres generaciones.
Esta terrible decisión cupular, gobierno federal/banqueros, pudo haber sido impedida con la fuerza y argumentos de un pueblo que estaba siendo condenado pero que no tenía, ni le daban, alternativas de participación.
El mundo, consigna múltiples movimientos sociales con diferentes pretensiones, destacándose la consulta, encuesta o referéndum, como los métodos democráticos más representativos. Las partes en disputa deben exponer sus bondades en buena lid, buscando por congruencia en sus convicciones, persuadir a sus posibles electores.
En México, estamos entendiendo que el país cambiará con la llegada de un nuevo gobierno que busca un irrestricto respeto por la democracia y el derecho del pueblo a manifestarse, insertando la posibilidad en tres años, de revocar el mandato del próximo Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) si no cumple con sus expectativas.