Mientras estábamos concentrados en las imágenes de la visita exprés a México de funcionarios de élite del gobierno de Estados Unidos —Mike Pompeo y miembros del equipo más cercano a Donald Trump, el 13 de julio—, pasó sin mayor revuelo una nota que pinta de cuerpo entero la corrupción de la que tanto habla que combatirá el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El episodio es increíble: en un momento de extrema fragilidad para la comunidad mexicana en Estados Unidos, un mes después de que Donald Trump tomara posesión, el gobierno mexicano otorgó recursos “excepcionales” a la Cancillería con el propósito explícito de que defendiera a los connacionales ante la embestida que empezaron a vivir en ese país de manera más abierta y hostil que cuando gobernaba el Partido Demócrata. De manera urgente se creó el llamado “Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos de América”. Sus dos ejes eran la defensoría legal de mexicanos ante una posible deportación y fondos para el traslado de personas. La estrategia podría ser insuficiente, sobre todo el pago por defensoría jurídica que implica altos montos, pero la medida fue concreta y oportuna.
Sin embargo, ocurrió que una parte del recurso se desvió a gastos que no correspondían al mandato para el que se debían destinar y, en cambio, se usaron para fines diversos. En algunos consulados (Nueva York) gastaron en la elaboración de materiales informativos que no eran el objetivo del recurso otorgado, sin lograr acreditar siquiera su existencia. El colmo es que según la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco mostró la información detallada ni los servicios realizados del proyecto de “litigio estratégico” para lo cual estaban destinados poco más de 354 millones de pesos.
Ante estas observaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que daría cuenta puntual a cada señalamiento. Esto no sirve de consuelo porque, al final, si el dinero no se “perdió” y aparece en algún contrato o pago ejercido, la realidad es que no se usó en el momento necesario para lo que debía usarse y por tanto, no benefició a quien debía ser el destinatario de la ayuda, sino a algún compadre, amigo o conocido.
Que pudiera darse esta situación en un momento tan delicado para la población mexicana y la relación bilateral, solo se explica por la impunidad imperante en nuestro país, donde es bajísima la posibilidad de que haya sanciones a los altos mandos que son responsables del buen uso del presupuesto.
Para muestra un botón, la misma Auditoría Superior de la Federación determinó en noviembre de 2017, irregularidades en la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Entre 2014 a 2016 la organización Juntos Podemos, presidida por la virtual senadora Josefina Vázquez Mota, recibió sin licitación alguna un total de 39 millones 472 mi pesos que ameritaron 35 recomendaciones, 18 denuncias administrativas y 22 pliegos de observaciones. Eso sí, “del dinero y de Camelia…. nunca más se supo nada”.