El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero no tuvo el desenlace que Donald Trump esperaba. Hoy, tiene secuestrados al presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, pero no tiene el petróleo.
Los cuatro “jinetes” que acompañan a Trump –J. D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller– pasaron por alto que no se trataba únicamente de imponer la superioridad militar para someter a un Estado soberano y despojarlo de sus recursos petroleros. Antes de actuar, era necesario tomar en consideración la capacidad de resistencia del pueblo venezolano y estimar el apoyo que recibiría de la comunidad internacional.
Además, y esto no es un asunto menor, resultaba prioritario analizar el diagnóstico sobre las condiciones actuales de la infraestructura de la industria petrolera venezolana, así como estimar la inversión necesaria para la extracción del petróleo, con el fin de evaluar si los empresarios estadounidenses estarían dispuestos a invertir.
El informe que circula bajo el nombre “Venezuela Oil & Gas, What American Mayors Could Face” (Petróleo y gas en Venezuela: lo que podrían enfrentar las grandes petroleras estadounidenses), al que tuvo acceso el periodista Raúl Dellatorre del diario argentino independiente “Página 12”, señala que la infraestructura petrolera venezolana requiere entre “20 y 30 mil millones de dólares”, capital que serviría únicamente para restauraciones, lo que significa que “la producción se retrasaría entre 2 y 4 años, respecto a la inversión”.
Ante este panorama, los directivos de ExxonMobil y Conoco Phillips, así como de Chevron –el único consorcio energético estadounidense que actualmente opera en Venezuela–, expresaron su reserva para invertir en un proyecto que, de acuerdo con la propuesta presentada por Trump, requeriría una inversión cercana a los 100 mil millones de dólares.
Los titulares de los corporativos petroleros multinacionales estadounidenses, reunidos en la Casa Blanca el viernes pasado, mantienen su reticencia a comprometer el megamillonario monto de inversiones requerido por Trump para “poner en marcha el aparato productivo de petróleo de Venezuela al servicio de los intereses de Washington”. Por supuesto, su objeción no es política, sino económica, como apunta Delatorre.
En este momento, el sector petrolero venezolano carece de la infraestructura y la inversión necesarias para que Donald Trump consiga los resultados que esperaba obtener en el corto plazo. Esta situación lo coloca en una posición paradójica: tiene al presidente Maduro, pero no el petróleo.
La ironía es que al intentar conseguir su propósito de apropiarse de los recursos energéticos del pueblo venezolano terminó reuniendo a una gran parte de la comunidad internacional en su contra, demostrando que el dictador no era el presidente de Venezuela, sino él mismo.
Ante este fracaso, resulta preocupante que la violencia dirigida contra la ciudadanía estadounidense que se opone a sus políticas esté en aumento. Al mismo tiempo, se intensifican la amenazas de intervenir en países que expresan su apoyo y solidaridad con el gobierno venezolano.
Cuando la bestia está herida, suele volverse más agresiva.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale