Durante décadas en México operó una regla no escrita, pero, cabalmente respetada: los personajes que ocupaban altas posiciones políticas gozaban de un amplio blindaje que favorecía la impunidad de sus acciones. Las acusaciones eran posibles y rara vez escalaban hasta la detención judicial de una figura que hubiera ocupado un cargo de elección popular. Particularmente funcionaba así cuando se trataba de un ícono de la alternancia, una especie de tabú orientado a evitar la temida “politización de la justicia”. Ese principio no escrito se rompió esta semana en Ensenada.
El pasado jueves 16 de julio, Ernesto Ruffo Appel fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de delincuencia organizada y del delito conocido como “huachicol fiscal”, un hecho que marca un parteaguas en la vida política de nuestro país.
Aunque actualmente el exgobernador de Baja California no ocupa una posición política dentro de la estructura gubernamental y apenas tiene un asiento en el consejo consultivo del nuevo partido “Somos México”, su peso histórico es innegable. Fue el primer gobernador de oposición que, en 1989, desplazó al régimen priista y se convirtió en emblema de la transición democrática, pese a la persistente duda sobre si su triunfo fue resultado de un acuerdo con Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la Presidencia de la República en medio de señalamientos de fraude electoral, mientras Acción Nacional ofrecía otorgarle legitimidad a cambio de dicha gubernatura.
Precisamente, este es el punto central. Si una de las figuras icónicas del panismo puede ser alcanzada por el sistema judicial, se desvanece el argumento de las castas intocables. Lo deseable sería que este principio se aplicara a los políticos de todos los partidos.
El contexto que hace posible este movimiento está marcado por un escenario convulso, detonado por un hecho sin precedentes, la solicitud de detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya –gobernador de Sinaloa en funciones, hoy con licencia– y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, por parte del gobierno de Estados Unidos. Y, la filtración de audios de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en los que supuestamente dialoga con intermediarios, gestores o abogados que se presentaron como enlaces de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, a quienes ofrece dar información sobre las mesas de seguridad nacional, sin que se conozca a cambio de qué. Se trata de un cuadro crítico que amenaza con inclinar la balanza mediática y política en contra del oficialismo morenista.
En este tablero de presión bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por una respuesta de simetría política. Si la administración Trump exhibe las grietas del sistema de seguridad mexicano, su gobierno expondrá a los alfiles históricos de la derecha que durante años fungieron como interlocutores privilegiados de Washington.
El costo político para la mandataria será alto, pero el mensaje es demoledor: en el México de hoy, la investidura ya no garantiza impunidad. Con esta impronta, la presidenta Sheinbaum asiste a la final mundialista en la ciudad de Nueva York invitada por Donald Trump.