En días pasados, Ernesto Zedillo reapareció para lanzar una crítica a los gobiernos de la 4T a través de su ensayo “México: de la democracia a la tiranía”, publicado en la revista mexicana Letras Libres –cuyo editor fundador y principal es Enrique Krauze–, donde asegura que “En México murió la democracia”, al mismo tiempo que sitúa su administración como un ejemplo de la democratización.

Al colocarse como “paladín de la democracia”, Zedillo se sentó a sí mismo en el banquillo de los acusados. La opinión pública aprovechó para rememorar las masacres, la represión y los actos de autoritarismo realizados durante su gestión.

Aguas Blancas en 1995, en la que fueron asesinados 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, durante una protesta por la desaparición de uno de sus compañeros. Acteal en 1997, en el marco del levantamiento zapatista, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del Ejército contra la organización indígena “Las abejas”, mientras varios indígenas tzotziles se encontraban orando en una ermita. Una masacre que se prolongó por más de 8 horas, dejando 45 muertos.

Ayutla de los Libres en 1998, donde 10 indígenas y un estudiante fueron asesinados por elementos del Ejército al acudir a una escuela en la comunidad de El Charco para participar en una consulta popular. El Bosque en 1998, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, más de mil elementos del Ejército y de las fuerzas policíacas atacaron de madrugada a tres comunidades, dejando un saldo de 8 muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas.

El “Zedillazo” se sumó las atrocidades mencionadas, nombre con el que se recuerda la entrada violenta de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) a Ciudad Universitaria para reprimir la huelga estudiantil de la UNAM de 1999-2000.

A lo anterior, se agrega el “error de diciembre” referido a la devaluación del peso mexicano que desencadenó una crisis económica sin precedente. La reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificada mediante la figura de jubilación inmediata en la que separó de su cargo a 26 ministros imponiendo once a cambio, sin más argumentación que la supuesta exigencia de una mejor impartición de justicia. Y, la aprobación del Fobaproa que convirtió las deudas privadas de banqueros, empresarios y políticos en deudas públicas.

En respuesta a las declaraciones de Zedillo, en las que acusó a la presidenta de México de llevar al país a un “régimen tiránico”, Claudia Sheinbaum exhibió en su conferencia matutina el “saqueo” que significó el Fobaproa.

Aunque la respuesta fue oportuna, resulta indefendible que varios personajes que participaron o se beneficiaron con el Fobaproa formen parte de la administración de Claudia Sheinbaum: Arturo Zaldívar, Patricia Armendáriz, la familia de Altagracia Gómez, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma Barragán, Ignacio Mier, Juan Ramón de la Fuente, Javier Corral, entre otros.

Hoy, la tarea de la presidenta, como apunta el periodista Jorge Zepeda Patterson, no sólo debería centrarse en exhibir lo que representa Zedillo, sino en explicar al pueblo de México por qué es importante reformar al poder judicial.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale