Ante la decisión del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas del gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya (actualmente con licencia), de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum perdió fuerza.
Su narrativa sostenía que la solicitud de detención provisional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, era exclusivamente política y carecía de pruebas. Sin embargo, después de este acontecimiento, su argumento se debilitó significativamente.
La decisión tomada por estos dos altos funcionarios representa una lógica compleja de revertir para la mandataria. Si no hubiera pruebas sólidas en su contra, difícilmente aceptarían enfrentar voluntariamente un proceso que podría llevarlos a cadena perpetua.
Ante este panorama, el gobierno mexicano debe cambiar de estrategia: someter a juicio a Rubén Rocha Moya sería una señal contundente de que “nadie será protegido si existen pruebas”, desmontando la acusación de que Palacio Nacional es un cómplice intocable. Sin embargo, para que esta acción resulte efectiva es fundamental que el gobierno decida juzgarlo en tribunales mexicanos y así evitar ser acusado de “entreguista”.
Al llevar a Rocha Moya ante la justicia en México, Sheinbaum arrebataría a Washington la bandera de la justicia y demostraría que las instituciones mexicanas cuentan con la capacidad y voluntad para depurar las altas esferas. Esta medida fortalecería la posición del gobierno mexicano, permitiéndole rechazar con mayor firmeza futuras injerencias unilaterales, al eliminar el argumento de la impunidad oficial.
No obstante, esta decisión complica el panorama político para Sheinbaum. Convertir el caso de Rocha Moya en un precedente para erradicar prácticas de impunidad y corrupción podría desencadenar una purga más amplia dentro de Morena. Es una medida de altísimo riesgo que podría provocar un reacomodo sísmico de fuerzas al interior del partido hegemónico, con consecuencias impredecibles para el futuro inmediato de la 4T.
Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Si decide proteger a Rocha Moya, será señalada de respaldar a una figura vinculada al narcotráfico; pero, si lo entrega o procesa, se le acusaría de ceder a la presión de Donald Trump. Para reducir el costo político y fortalecer el control, la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a presentar un caso sólido e independiente, respaldado por pruebas financieras y testimonios propios.
La entrega voluntaria de estos dos altos funcionarios eliminó por completo cualquier posibilidad de exoneración. Someter a Rocha Moya a juicio en México, dentro de un proceso que garantice la autonomía judicial, representa la opción menos perjudicial para salvaguardar la soberanía nacional, justo antes de la tormenta que se avecina con las negociaciones del T-MEC y el reciente regreso de Donald Trump de China con las manos vacías.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale