La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional (GN), promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ocho votos contra tres, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad del traslado operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, responsable de presentar a sus pares de la SCJN el proyecto para declarar inconstitucional el traslado de la GN a la Sedena, señaló que la Reforma a la Ley de la GN viola la Carta Magna que prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz.
El proyecto de sentencia elaborado por el ministro González Alcántara es impecable. Sin embargo, la resolución de la SCJN cancela, una vez más, el diálogo entre política y ley que toda democracia reclama.
Política y ley constituyen dos formas distintas de gestión para resolver el acuerdo o desacuerdo en torno a los hechos sociales inevitables. Pero, también, actúan de manera independiente e interdependiente.
Son independientes porque son incompatibles. Someter una controversia política a una resolución legal implica eliminar al agente que lucha por participar e influir en el ordenamiento de la unidad política organizada, del mismo modo que someter una controversia legal a una resolución política conduce a debilitar la ley.
Al mismo tiempo, política y ley son interdependientes en el sentido de que la ley requiere de la política para producir las normas compartidas que impone. Mientras que la política necesita de la ley para estabilizar y consolidar los valores comunes que se esfuerza por alcanzar.
La decisión de la SCJN soslayó el diálogo entre política y ley, imprescindible para el desarrollo de las buenas prácticas democráticas. Impuso una resolución técnico-jurídica impecable, sin tomar en consideración que la modificación a la Ley de la GN pone en riesgo la seguridad de la población.
Cuando la ley se impone sobre la política sobreviene un colapso de legitimidad institucional. De igual manera, sucede a la inversa.
México vive una crisis de seguridad resultado de la connivencia que el gobierno de Felipe Calderón toleró entre la policía civil, encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el crimen organizado.
En este contexto, resulta legal, pero inhumano, que la SCJN desdeñe la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, mientras miles de personas sufren la violencia de bandas criminales protegidas por delincuentes de cuello blanco.
Ciertamente, contar con una policía civil, profesional y honrada sería lo ideal, como se plantea en el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, pero este proceso tomaría muchos años.
Retomar el diálogo entre política y ley implicaría que los tres Poderes de la Unión participaran en la solución para enfrentar la inseguridad en México. Esto significaría impulsar una ley que obligue a las Fuerzas Armadas a la transparencia y rendición de cuentas. Y, avanzar en la reforma estructural del Poder Judicial de la Federación.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale