Después del escándalo mediático derivado del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, quien se postulaba como una de las aspirantes a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el camino quedó despejado para la actual ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien ocupa el cargo desde el 2 de enero de 2023.

Muchas voces celebraron con “bombos y platillos” la llegada de la hoy ministra presidenta a la SCJN, por su posición progresista en temas de derechos humanos. Los partidos de oposición destacaron la “independencia” de Norma Piña.

Mientras que el partido en el poder elogió que, por primera vez, una mujer ocupara el más alto cargo de la estructura del poder judicial en México.

Una de las virtudes del mandato del exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, fue la apertura de la Corte para transparentar lo que sucedía al interior de esta instancia. Y, particularmente, la incorporación del componente de derechos humanos al aparato de justicia.

A menos de un mes de ocupar el cargo, la ministra presidenta tomó la decisión de sustituir a Netzaí Sandoval Ballesteros, quien fungió durante cuatro años como titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), área dentro de la Corte encargada de defender gratuitamente a las personas acusadas de delitos, cuya labor ha sido fundamental para quienes no cuentan con recursos económicos para contratar una defensa que les permita enfrentar actos derivados del abuso de poder.

Hasta aquí, ninguna crítica a la decisión de la ministra presidenta Norma Piña tendría lugar con respecto al nombramiento de la magistrada Magda Taissa Cruz Parcero, quien cuenta con un respetable y amplio historial que la respalda. Sin embargo, el desmantelamiento del equipo de la Defensoría Pública no es una cuestión menor.

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien fungió como secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, había tenido a su cargo la defensa de seis personas acusadas de la desaparición y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.

El 2 de enero, Salvador Leyva presentó su renuncia a la nueva titular de la IFDP, Taissa Cruz, por considerar que “no existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura desde el Instituto Federal de Defensoría Pública”. Afirmó que, incluso, aunque el organismo cuenta con abogadas brillantes y valientes, teme que la influencia de poderes ajenos a la institución comenzó a surtir efectos.

En la renuncia presentada, Salvador Leyva señala a Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Wallace, como colaborador de la ministra presidenta Norma Piña, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, “encargado de la sustanciación, estudio y revisión de los medios de impugnación que le sean encomendados, así como la formulación de anteproyectos de acuerdos y sentencias”.

La preocupación continúa siendo la misma, ¿cómo limpiar al poder judicial de la corrupción, la impunidad y el nepotismo?

Criminales liberados, cuentas bancarias desbloqueadas, incriminaciones bajo tortura, son apenas algunas aristas que siguen atravesando al poder judicial.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale