El llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no debe subestimarse. En especial, la propuesta de establecer límites, tanto presupuestales como en el número de diputados locales y regidores, representa un mecanismo efectivo de vigilancia sobre los municipios de México, donde la delincuencia de cuello blanco y el crimen organizado suelen operar con mayor impunidad. Esta medida permite iniciar el desmantelamiento de las redes de complicidad que operan en el país sin recurrir al aparato de seguridad de las Fuerzas Armadas.

Históricamente, los municipios son el eslabón más débil en la cadena de rendición de cuentas en México. En este nivel convergen diversos fenómenos: la opacidad presupuestal, la influencia del crimen organizado y la impunidad de funcionarios públicos.

La mayoría de los ayuntamientos administran recursos etiquetados (participaciones, aportaciones, recursos propios) con mínima fiscalización efectiva. Las auditorías estatales suelen tener alcances limitados y, en muchos casos, existe complicidad política.

Para nadie es un secreto que los grupos delictivos pasaron de la “simple” extorsión a cooptar estructuras completas del gobierno local, desde policías municipales hasta áreas de obra pública y desarrollo social. Al tomar el control de un ayuntamiento logran legitimar flujos de efectivo, direccionar contratos a su favor y acceder a información privilegiada, consolidando su influencia y poder dentro de la administración pública.

El funcionamiento de esta estructura institucional se ve reforzado por la colusión entre funcionarios locales, empresarios y servidores públicos estatales, quienes desvían recursos a través del municipio. Esto sucede porque resulta más sencillo ocultar transacciones a nivel municipal debido a que el control y la supervisión son menos rigurosos que en el ámbito federal, donde los medios de comunicación y los organismos autónomos ejercen un mayor escrutinio.

Cuando la presidenta presenta su “Plan B” y desplaza el foco de atención de lo electoral –que era la base de la primera Reforma a la Ley Electoral, frenada por sus propios aliados en el Congreso–, para centrarse en establecer límites al gasto de diputados locales y regidores, la propuesta deja de ser “descafeinada”. Representa un intento por desactivar una de las principales vías por donde se filtra la impunidad: la discrecionalidad en el manejo de recursos por parte de los poderes legislativos locales y los cabildos.

La estrategia propuesta representa un cambio significativo. En lugar de confrontar a la delincuencia organizada con la participación de las Fuerzas Armadas, se privilegia una asfixia administrativa y fiscal destinada a debilitar sus finanzas. El objetivo es erosionar las estructuras de poder local que sostienen la gobernabilidad ilegal en diversas regiones del país.

Sin embargo, persiste un desafío crucial para asegurar el éxito de la estrategia presidencial: lograr la armonización de los criterios entre las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) locales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aureliano Hernández Palacios Cardel, recién nombrado Auditor Superior de la Federación y cercano al equipo de Claudia Sheinbaum, podría ser clave en este proceso.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale