Las iniciativas de reforma a la Constitución propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, perfilan en el horizonte político la continuidad de su proyecto de nación apuntado desde hace varias décadas, trazado en 2006 y puesto en marcha en 2018.

Es inusual que un presidente proponga al poder legislativo reformas a la Constitución en el último tramo del sexenio. En el caso de AMLO, no cabe duda de que ejercerá el poder hasta el final de su gobierno. Desaprovechar su capital político y moral para marcar el rumbo del país no está entre sus planes.

La estrategia del presidente coloca a la oposición en un dilema irresoluble. Si rechaza las iniciativas exhibe su desdén y desinterés por resolver las necesidades apremiantes de la gente. Por el contrario, ceder y acompañar alguna de las reformas constitucionales, delataría la incapacidad de los opositores para generar una agenda política de interés para las mayorías.

El paquete de propuestas del presidente sintetiza los valores defendidos por el obradorismo desde sus orígenes y presenta una especie de “blindaje” para proteger los logros alcanzados durante su sexenio. Pero, también, sienta las bases del proyecto de nación por venir, en caso de que la ciudadanía decida el 2 de junio dar su apoyo a la 4T. Cuatro vertientes se perfilan en las iniciativas propuestas por AMLO.

Ampliación de derechos sociales. Generar oportunidades para los jóvenes, pensión universal a adultos mayores de 65 años y apoyo universal a personas con discapacidad. Acceso a la vivienda, aumento del salario mínimo por encima de la inflación y garantizar la educación y el trabajo. Priorizar el consumo humano del agua y la atención médica integral gratuita. Revertir el régimen de pensiones que afecta a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, aprobado por Ernesto Zedillo en 1997 y Felipe Calderón en 2007, que les impide la jubilación con el 100% de su salario.

Reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos del derecho público.

Recuperación de la rectoría del Estado. En este punto, sobresalen la recuperación de vías férreas y la devolución del carácter de empresa pública a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de los consumidores domésticos y de interés nacional. La eliminación del maíz transgénico, mantener precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños y medianos productores, no otorgar concesiones minerales a cielo abierto y eliminar organismos onerosos y elitistas, supuestamente “autónomos” creados con el fin de proteger intereses.

Reconfiguración política de los poderes del Estado. La reforma electoral que contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos, la disminución de regidores en gobiernos municipales y la eliminación de las candidaturas plurinominales. La elección por parte de la población de jueces, magistrados y ministros, y la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.

Sin duda, las iniciativas formuladas suponen un carácter electoral, aunque trascienden este propósito, conllevan la continuidad de un proyecto político de nación.