Desde hace algunas semanas, Morena inició el proceso de designación de candidaturas para las 17 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral de 2027. Para referirse a esas posiciones, el partido empleó la denominación eufemística de “coordinadores estatales de defensa de la Cuarta Transformación”. Más allá de la fórmula discursiva, la dinámica revela una transformación política profunda. El partido guinda terminó por convertirse en una confederación de poderes locales en la que distintos cacicazgos administran los territorios, votos y lealtades, al tiempo que se desplazan los principios éticos que dieron origen al movimiento.
Esta tensión revela una paradoja significativa: un gobierno federal capaz de reivindicar logros sociales relevantes coexiste con un partido que, en su operación interna y territorial, reproduce lógicas premodernas de poder. Sin embargo, dicha coexistencia no constituye una contradicción, sino el resultado de dos racionalidades políticas distintas que, en la práctica, operan en esferas diferenciadas.
Se despliega así una política social centralizada, tecnocrática y redistributiva, orientada entregar apoyos directos sin intermediación de cacicazgos locales y a evitar el clientelismo que caracterizó al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobierno federal logró implementar esa política a pesar de los feudos locales, no gracias a ellos. Al mismo tiempo, Morena mantiene una operación electoral territorial pragmática y basada en pactos de poderes fácticos: necesita a los caciques locales para ganar elecciones y preservar la gobernabilidad, y a cambio les concede control sobre las candidaturas y territorios.
El resultado es un arreglo híbrido en el que un gobierno federal con capacidad distributiva efectiva se apoya en un partido que, en el ámbito local, reproduce prácticas similares a las que declara combatir. Los logros sociales otorgan legitimidad de desempeño al gobierno de la 4T; la feudalización, en cambio, ofrece al partido control electoral. Esta relación se sostiene en una dependencia recíproca, ya que sin victorias electorales no hay gobierno capaz de redistribuir y sin resultados sociales no hay votos suficientes para legitimar el poder de los cacicazgos.
La tensión que hoy se expresa en la selección de los denominados “coordinadores estatales de la defensa de la Cuarta Transformación” –y que provoca malestar entre las bases de Morena por su distancia respecto de los principios éticos del movimiento que aseguraba defender– no constituye una anomalía del sistema, sino su característica estructural.
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum muestran que es posible transformar la vida material de millones de personas, al mismo tiempo que persisten redes de poder históricamente arraigadas en la política mexicana. La pregunta de fondo es si este equilibrio podrá sostenerse a largo plazo o si la feudalización terminará por erosionar los logros que hoy le otorgan legitimidad a la Cuarta Transformación.