El retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca está marcado por un alto nivel de caos organizativo, reveses económicos y políticas controvertidas, retrocesos en política exterior y seguridad, violaciones a derechos humanos y libertades, erosión institucional y conflictos legales. Dificultades que intenta revertir recurriendo a estrategias violentas dirigidas al gobierno mexicano en diferentes vertientes para consolidar su base de apoyo y desviar las críticas a su administración.
Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prometía fortalecer la integración económica en América del Norte, desde la llegada de Trump al gobierno inició la imposición de aranceles a productos mexicanos como una herramienta de presión que justificó utilizando argumentos de seguridad nacional o para forzar acuerdos en otros temas como la migración.
Uno de los aspectos más polémicos de la administración de Trump fue la imposición de un impuesto a las remesas y la implementación de políticas migratorias severas. Estas medidas no sólo afectan a las comunidades mexicanas, también impactan en la economía de sectores clave estadounidense que dependen de esta fuerza de trabajo.
Latino Donor Collaborative (LDC), una organización estadounidense dedicada a desarrollar investigación que produce datos y conocimientos sobre las contribuciones económicas, los negocios, el entretenimiento, el desarrollo y el Producto Interno Bruto (PIB) de los latinos, destaca la importancia de los inmigrantes para el funcionamiento de la economía de Estados Unidos.
A continuación, algunos datos relevantes presentados por LDC: 46% de las empresas de la lista “Fortune 500” fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos, 20% de la mano de obra en manufactura y agricultura, 45% de trabajadores destinados al procesamiento de carne, 29% de la fuerza de trabajo en la construcción, 54.3% de clasificadoras agrícolas, complementan la fuerza laboral en industrias esenciales estadounidenses.
Particularmente, la proporción de trabajadores inmigrantes en California es mayor que en el conjunto del país. La mano agrícola inmigrante representa 62%, los trabajadores de la construcción 42%, los operarios de manufactura de ropa 85% y los empresarios 40%.
En este marco, las redadas instrumentadas los días 6 y 7 de junio en la ciudad de Los Ángeles, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en colaboración con la Guardia Nacional y otras agencias federales, adquieren un carácter simbólicamente relevante. Se trata de “un operativo sin precedentes”, como afirma Andrew Selee de la organización Migration Policy Institute: “No se enfoca sobre las personas con antecedentes penales, sino sobre personas que están profundamente integradas en la economía estadounidense”.
La militarización de las redadas y la permanencia de la Guardia Nacional durante un periodo anunciado de treinta días forma parte de la instrumentalización de políticas dirigidas a convertir a los inmigrantes mexicanos en “enemigos funcionales”, para ocultar los fracasos de las decisiones gubernamentales tomadas por Donald Trump.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale