La elección del Poder Judicial en México, celebrada el pasado 1 de junio, constituye un momento histórico que marcará el rumbo del país en los próximos años. Aunque la participación ciudadana fue escasa, por tratarse de un primer ejercicio complejo y con poca publicidad del Instituto Nacional Electoral (INE), abre la oportunidad de contar con una institución sólida y autónoma que garantice el acceso a la justicia para todas las personas.
La función del Poder Judicial es fundamental para todo sistema democrático. Su independencia es vital para garantizar la aplicación de las leyes de manera objetiva y que los derechos de la ciudadanía sean protegidos ante posibles abusos de poder. Sin embargo, el Poder Judicial en México históricamente ha enfrentado críticas sobre su capacidad de funcionar sin influencias políticas y/o económicas. En este marco se sitúa la elección celebrada el domingo pasado.
Diversos factores marcaron esta elección. En el ámbito nacional, continúa desarrollándose un debate público sin precedentes en el que participan partidos políticos, organizaciones civiles, especialistas y ciudadanos que desde distintas visiones expresan la forma cómo debería operar el Poder Judicial.
Mientras algunos advierten sobre el riesgo de la pérdida de autonomía al someterlo a una elección popular, incluso, en su momento promovieron una campaña para que la ciudadanía se abstuviera de votar. Otros aseguran que su renovación mediante el ejercicio del sufragio popular democratizará la justicia.
En el plano global, la atención de expertos en derechos y organismos internacionales está puesta en México. La elección podría servir de modelo para otros países en la región que enfrentan desafíos similares en sus sistemas judiciales. El resultado no sólo tendría consecuencias locales, sino que podría influir en el panorama jurídico y político de otras latitudes.
La elección del Poder Judicial en México no es una cuestión menor. Se trata de un proceso inédito en el mundo que podría impactar en la modificación del statu quo, caracterizado por estructuras y prácticas que perpetúan desigualdades y limitan la eficacia de la justicia.
Este ejercicio histórico abre nuevas perspectivas a la democracia liberal representativa en un momento en que los valores liberales y su capacidad de seducción social se han debilitado profundamente, resultado del “canibalismo de la revolución conservadora de los años 80 y el posterior neoliberalismo” que impuso un individualismo egoísta sobre el bien común, como apunta la historiadora Helena Rosenblatt.
Ciertamente, no debe soslayarse la baja participación en el proceso electoral. Según cifras presentadas por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solamente participó entre el 12.57 y el 13.32 por ciento del padrón electoral.
Sin embargo, a pesar de la poca afluencia en las casillas, lo relevante es que la ciudadanía inauguró otra forma de participación política en México, cuyo potencial podría romper con las dinámicas de nepotismo, impunidad y corrupción, generando un sistema de justicia más transparente, accesible y equitativo.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
