Durante la conferencia matutina del pasado jueves, Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que el expresidente Enrique Peña Nieto fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por participar en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La noticia difundida no es menor. Millones de mexicanos reclaman al actual gobierno cumplir la promesa de justicia por los abusos cometidos por personajes que ocuparon la Presidencia de la República en sexenios pasados.
Aunque la mayoría de los mandatarios en México han sido acusados de incurrir en irregularidades y excesos, por primera vez un expresidente enfrenta la posibilidad de un proceso judicial por presuntas operaciones ilícitas.
La carpeta de investigación ya está abierta. Sin embargo, la probabilidad de que Peña Nieto sea juzgado es prácticamente imposible. A partir de este momento, el caso está en manos de la FGR, caracterizada por la ausencia de resultados que tiene la responsabilidad de resolver. El fiscal, Alejandro Gertz Manero, ha mostrado una extraordinaria eficiencia para diligenciar conflictos personales, mientras que su indolencia en la resolución de asuntos de interés nacional es ilimitada.
La importancia de la denuncia de la UIF sobre las irregularidades en la transferencia de fondos detectadas entre 2019 y 2021, en la que estarían involucrados Peña Nieto y su familia, es que por primera vez se cuenta con información concreta para movilizar al órgano competente para que se persiga el delito y a la persona que lo cometió.
Hasta el día de hoy, no había sido posible demostrar ningún movimiento financiero que involucrara al expresidente en actos de este tipo, pese a que las prácticas de triangulación de recursos públicos ejercidas durante su gobierno con empresas factureras son un secreto a voces.
Los escándalos de Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción lo acompañan desde antes de ser electo presidente. En 2012 fue acusado de promover la compra de miles de votos a partir de la distribución masiva de tarjetas de la empresa Monex. En 2014, se dio a conocer la construcción de una mansión, propiedad de Angélica Rivera, esposa del mandatario, financiada por el Grupo Higa, contratista vinculado a Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México. Antes de concluir su sexenio surgió el escándalo relacionado con la entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Independientemente de la buena recepción que tuvo en la opinión pública la denuncia presentada por la UIF contra Peña Nieto, el eventual enjuiciamiento del exmandatario supone una acción previa: ser desaforado en la Cámara de Diputados.
Este requisito entraña varias dificultades que juegan en favor del expresidente. Aunque la Constitución fue modificada para eliminar el fuero federal, ninguna ley puede ser retroactiva a menos que beneficie al procesado. Por su parte, los grupos parlamentarios opositores a la 4T han declarado que rechazarán cualquier iniciativa presidencial. Por último, es preciso considerar el papel de Gertz Manero, un fiscal renuente a esclarecer las prácticas de corrupción e impunidad en México.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale