La elección popular para elegir al Poder Judicial en México, realizada el pasado 1 de junio, constituye un experimento institucional sin precedentes globales. Aunque existen experiencias en otros países donde se eligen jueces (Estados Unidos, Bolivia y Suiza), en ningún caso, la totalidad de cargos es definida por voto popular.

Las tensiones estructurales y paradojas (no evidentes) que este cambio de paradigma implica para las democracias liberales representativas que hoy atraviesan por la pérdida de confianza y legitimidad, sitúan la elección del Poder Judicial en México en un laboratorio institucional que camina con pies de barro.

El modelo pretende acercar la justicia al pueblo. Con este propósito, la 4T impulsó la elección popular de jueces, magistrados y ministros, bajo la lógica de combatir la corrupción e impunidad que históricamente atraviesa al sistema judicial.

Ante la premura de cumplir con el “Plan C”, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que contribuyó a dar el triunfo a Claudia Sheinbaum en la elección presidencial de 2024 y llevar adelante la reforma al Poder Judicial, se evidenció la falta de preparación del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar un proceso que presentaba un alto grado de dificultad.

La complejidad del diseño de la elección del Poder Judicial dejó en manos de la élite política, no sólo de Morena sino de otros grupos de poder, la decisión sobre los cargos a elegir mediante la distribución de “acordeones” que sirvieron para orientar la votación de la ciudadanía.

Con una oposición que llamó a sus simpatizantes a “no votar” y un diseño electoral complejo que alejó a la ciudadanía del interés de acudir a las urnas a emitir su voto, el resultado fue la baja participación electoral. Acción que favoreció a los candidatos cercanos al partido hegemónico, como era de esperarse.

Sin embargo, la reducida votación –sólo participaron cerca de 13 millones de personas, lo que representa entre el 12.57 y el 13.32% del padrón electoral– no fue mero desinterés, también fue un reflejo de la inviabilidad del diseño electoral propuesto por el INE. En promedio, cada votante se enfrentó a 9 boletas, 881 cargos y 300 o más candidatos a elegir, lo que imposibilitó contar con una decisión informada.

Por ahora, la cuestión deja de ser si los jueces, magistrados y ministros electos son cercanos a Morena. El acto ya fue consumado. En septiembre de 2025 estas figuras tomarán posesión de sus cargos. A partir de ese momento, la capacidad que tengan para responder a una población que ha sido sometida históricamente a agravios e injusticias, su disposición para blindarse contra el crimen organizado y demostrar su eficacia para reducir la impunidad será lo que muestre si el modelo instrumentado por la 4T es válido.

Los resultados que consiga México definirán si la audacia democrática emprendida con la elección popular del Poder Judicial se convierte en una inspiración global o un riesgo que amenaza la independencia y la calidad judicial.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale